La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una nueva ley diseñada para impulsar la inversión en el sector minero, buscando abrir la actividad a empresas privadas locales e internacionales tras 26 años de un estricto control estatal.
Garantías jurídicas y apertura al capital
La nueva Ley de Minas, que deroga las normativas previas de 1999 y 2015, establece amplias garantías jurídicas para los inversionistas. De acuerdo con la norma, aquellas dudas o controversias que no puedan resolverse amigablemente entre las partes podrán ser decididas por tribunales competentes de Venezuela o mediante mecanismos alternativos, incluyendo la mediación y el arbitraje.
El diputado Orlando Camacho, uno de los principales promotores del proyecto, señaló que los objetivos fundamentales de esta legislación son actualizar el marco legal para enfrentar los retos actuales del país y atraer capital nacional y extranjero brindando seguridad jurídica.
Contexto político y estatal
Esta reforma surge luego de que el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, expresara interés en que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsara reformas en el sector minero similares a las propuestas para el área de hidrocarburos.
A pesar de la apertura a la inversión privada, la ley mantiene la propiedad del Estado sobre los yacimientos mineros. Con estos cambios, el gobierno de Delcy Rodríguez busca ofrecer garantías para que firmas mineras internacionales, algunas de las cuales perdieron inversiones o tuvieron revocados sus permisos de explotación en décadas pasadas, consideren regresar al país.
