La reciente detención de Nicolás Maduro ha generado una oleada de reacciones a nivel global, desde la esperanza de una reconstrucción en Venezuela hasta el análisis de las motivaciones geopolíticas detrás de la acción. Celebraciones espontáneas estallaron en ciudades como Caracas, Madrid, Santiago y Miami, reflejando el anhelo de un país devastado por años de crisis.
Sin embargo, un análisis más profundo revela que la intervención de la administración Trump no se basó en un deseo de liberar al pueblo venezolano de un régimen autoritario, sino en la importancia estratégica del país, que posee las reservas de petróleo más grandes del mundo. En el contexto de la competencia global con China, el control de los recursos energéticos y el posicionamiento geopolítico se han convertido en prioridades clave. Venezuela ha dejado de ser una cuestión de derechos humanos para transformarse en un activo estratégico.
Esta lógica, aunque no novedosa, se manifiesta con una franqueza inusual. La operación en Venezuela se inscribe en un patrón más amplio que incluye la amenaza a Dinamarca por Groenlandia y el apoyo a movimientos de protesta en Irán. Groenlandia ofrece tierras raras y rutas árticas, Irán es un proveedor de petróleo para China, y Venezuela posee el crudo. La narrativa puede cambiar, pero el objetivo subyacente permanece constante: asegurar recursos y posiciones estratégicas.
Lo que distingue esta nueva forma de actuar de intervenciones estadounidenses anteriores no es su carácter imperial, sino su transparencia. Anteriormente, se recurría al lenguaje de los derechos humanos y la promoción democrática para justificar las acciones. Ahora, la administración Trump prescinde de esa fachada, ejerciendo el poder sin la necesidad de legitimación normativa. Esta franqueza la acerca a las prácticas de Rusia y China, quienes ya han abandonado cualquier pretensión de adherirse a principios universales.
Esta “transparencia brutal” plantea serias cuestiones legales. Francia ha señalado que la operación no respeta el derecho internacional, y voces en Estados Unidos sugieren que Trump podría haber excedido sus competencias constitucionales. Se debate si se trata de un desmoronamiento del orden normativo internacional establecido desde 1945, o simplemente de su obsolescencia, ante la realidad de que las cuatro potencias principales –Estados Unidos, China, Rusia e India– imponen sus intereses sin consideraciones ideológicas.
En este escenario, los países más pequeños, como Chile, enfrentan un desafío que exige prudencia y lucidez. No pueden permitirse reaccionar de forma impulsiva, sino actuar con plena conciencia de su limitada capacidad de influencia en un mundo dominado por potencias con gran poderío. Celebrar o condenar públicamente la detención de Maduro podría enviar señales equivocadas y comprometer su capacidad de maniobra futura.
La alegría del pueblo venezolano es comprensible y legítima. Sin embargo, la espectacularidad de la detención de Maduro es solo el comienzo de un proceso mucho más complejo. La verdadera tarea ahora es estabilizar el país, reconstruir sus instituciones, repatriar a los exiliados y reactivar su economía, un proceso que tomará años y requerirá mucho más que operaciones militares. La reconstrucción de Venezuela será una tarea prolongada y desafiante, con resultados inciertos.
