Venezuela: Wall Street impulsa a Rodríguez para recuperar inversiones de 100.000 millones

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó a Rodríguez poco después de la operación militar “Absolute Resolve” con que pagaría un “precio más alto que el de Maduro” si no cooperaba, ha cambiado radicalmente su tono. En su plataforma Truth Social, la describió recientemente como “fantástica”. La relación entre estos dos socios desiguales es “maravillosa”.

La razón más profunda de este elogio se encuentra a miles de kilómetros al norte de Caracas, en las bases de datos de los grandes fondos estadounidenses en Wall Street, Nueva York. La toma de control de Venezuela no es solo una maniobra geopolítica para sacar al país de la influencia de las potencias hostiles a Estados Unidos, sino también un intento de recuperar mucho dinero que se daba por perdido. A pesar de todas las diferencias ideológicas, los bancos de inversión estadounidenses habían otorgado enormes créditos al gobierno izquierdista del país petrolero, con tasas de interés de dos dígitos. Venezuela pagó estos intereses durante mucho tiempo, hasta que declaró el impago en 2017.

Desde entonces, se han acumulado alrededor de 100.000 millones de dólares en deudas, que prácticamente no se han podido pagar. Hasta mediados del año pasado, los bonos venezolanos se negociaban como “basura” sin valor, a precios mínimos de entre 11 y 16 centavos por dólar. Pero desde que, en agosto de 2025, buques de guerra estadounidenses aparecieron frente a la costa venezolana, el volumen de negociación de estos papeles aumentó bruscamente. Inversores y fondos de cobertura especializados comenzaron a comprar bonos del Estado. Estos círculos supusieron, o incluso sabían, que se avecinaba un “gran evento”. A finales de año, los precios de los bonos habían subido a unos 30 centavos, y tras la detención de Maduro, superaron los 40 centavos. Quien invirtió en el verano de 2025 ha triplicado su capital.

Estos grandes fondos de inversión apoyan la decisión de Trump de respaldar a Rodríguez, ya que esperan que la acosada presidenta interina no pueda rechazar el reembolso de sus reclamaciones, después de todo, Trump la había amenazado con consecuencias negativas. Los inversores no confían en la líder de la oposición, María Corina Machado, después de que esta declarara en repetidas ocasiones que no pagaría las “deudas contraídas ilegalmente” de los chavistas si llegara al poder.

Para que el dinero pueda fluir con el petróleo, sin embargo, es necesario superar un obstáculo legal, cuya eliminación Trump está impulsando masivamente: la modificación de la ley venezolana de hidrocarburos. Actualmente, exige que el Estado venezolano mantenga el control absoluto de las reservas de petróleo, un legado de Hugo Chávez. Trump y los acreedores esperan que en el futuro los ingresos del petróleo fluyan directamente a cuentas de fideicomiso, que también puedan utilizarse para el servicio de la deuda. Y Washington quiere que empresas estadounidenses como Chevron obtengan amplios derechos de extracción, cuyos beneficios también servirían como garantía para los antiguos acreedores.

Solo cuando Rodríguez cambie estas leyes, el mecanismo podrá entrar en funcionamiento, permitiendo el pago a los antiguos acreedores y a los nuevos buscadores de fortuna. Para la vieja guardia del chavismo, esto sería un sacrilegio que entregaría la “propiedad del pueblo” a la “codicia imperialista”. Y el pueblo venezolano debe darse cuenta gradualmente de que lo que celebró apresuradamente el 3 de enero como una liberación se está convirtiendo gradualmente en una confiscación planificada de su país.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respaldó este rumbo el miércoles ante el Senado. Dejó claro que el apoyo a Rodríguez está condicionado. En respuesta a las preguntas de los senadores sobre la duración del régimen de transición, habló de un plazo de tres a seis meses para lograr avances medibles, lo que, sin embargo, no implica una democratización, sino principalmente la garantía legal de las inversiones estadounidenses y el pago de la deuda. Rubio también explicó que los pagos estatales, como los salarios de la policía y la administración, se realizarán en el futuro con ingresos del petróleo, pero estos fondos estarán sujetos a presupuestos mensuales y auditorías externas por parte de Estados Unidos, para garantizar que los petrodólares no vuelvan a caer en manos de políticos corruptos, sino en la estabilidad del nuevo sistema y en los acreedores de Wall Street.