La ministra de Justicia belga, Annelies Verlinden, enfrenta un creciente escrutinio debido a su anterior trabajo como abogada para la empresa detrás del fallido proyecto de digitalización i-Police, un sistema de análisis criminal que resultó en un fracaso millonario.
La oposición exige explicaciones detalladas sobre el papel de Verlinden y la posible existencia de un conflicto de intereses, dado que representó legalmente a la compañía involucrada antes de asumir su cargo ministerial. Vlaams Belang ha llegado a solicitar su suspensión temporal de funciones.
El proyecto i-Police no es un caso aislado. La empresa francesa Sopra Steria, contratada para el desarrollo del sistema, ya había acumulado un historial de problemas y fracasos en proyectos tecnológicos anteriores, según reportes de Nieuwsblad.
Las críticas se centran en la percepción de una posible connivencia y la falta de transparencia en la adjudicación y gestión del proyecto. La oposición argumenta que la ministra Verlinden podría haber estado influenciada por sus vínculos previos con la empresa, comprometiendo la integridad del proceso.
De Tijd se suma a las demandas de esclarecimiento, enfatizando la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar si existió alguna irregularidad en la participación de Verlinden y su impacto en el resultado del proyecto i-Police.
