Una mujer residente de Cork ha expresado su consternación tras revelar que, durante el proceso judicial contra su expareja, se solicitó el acceso a sus notas privadas de terapia psicológica.
El agresor, Seán Fagan, de 39 años y vecino de Dunvale Crescent, en Frankfield, Douglas (Cork), fue condenado en febrero a cuatro años de prisión, de los cuales los últimos dos fueron suspendidos. Fagan fue hallado culpable de acosar a la mujer durante un periodo de seis meses.
Durante el caso, se reveló que el hombre había colocado un dispositivo de seguimiento en el tubo de escape del vehículo de la víctima. La mujer comenzó a sospechar que la seguían cuando notó que el acosador aparecía en lugares donde ella rara vez iba, incluyendo una cafetería específica. Posteriormente, la policía (gardaí) registró el domicilio de Fagan, donde hallaron otros dos dispositivos de rastreo y una aplicación de seguimiento instalada en su teléfono móvil.
Sin embargo, la víctima señaló que el aspecto más difícil de todo el proceso legal fue la petición de acceso a sus registros de asesoramiento, sesiones a las que había asistido durante ocho o nueve meses. «Me horrorizó», afirmó la mujer, quien rechazó tajantemente la solicitud.
La afectada criticó la disparidad de derechos en el sistema judicial. Según su testimonio, mientras el equipo de defensa buscaba acceder a su historial terapéutico, ella, en su calidad de testigo en el caso del Estado, no tenía derecho a recibir información. A pesar de haber escrito personalmente al Director de Acusaciones Públicas (DPP) para solicitar aclaraciones sobre la información a la que podía acceder, recibió una respuesta indicando que no se le podía proporcionar ningún dato.
Esta situación ha dejado una huella emocional profunda en la víctima, quien ha manifestado que, en ocasiones, parece existir más apoyo para el criminal que para quien sufre el delito, especialmente en lo que respecta a los procesos de reforma del agresor frente al soporte brindado a la víctima.
