Un fiscal independiente solicitó este viernes una pena de 10 años de prisión para el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol en el primer de siete casos penales relacionados con su fallido intento de imponer la ley marcial en 2024 y otras acusaciones que surgieron durante su mandato.
El primer juicio de Yoon, que ha llegado a su fin, abarca cargos que incluyen su desafío a los intentos de las autoridades de investigarlo y detenerlo. Yoon niega todos los cargos y sus abogados argumentan que la orden de detención era inválida e ilegal.
Se espera que el tribunal dicte sentencia a más tardar el próximo mes.
Yoon enfrenta otros juicios por acusaciones que van desde la corrupción y el tráfico de influencias hasta la rebelión, un delito grave castigable con cadena perpetua o la pena de muerte. El juicio por rebelión también está llegando a su fin.
La imposición de la ley marcial por parte de Yoon llevó a que tropas armadas se desplegaran en las calles de Seúl y desencadenó la crisis política más grave que ha enfrentado Corea del Sur en décadas.
Corea del Sur marca el primer aniversario del fallido intento de ley marcial
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La ley marcial duró solo unas horas, ya que los legisladores lograron ingresar a la Asamblea Nacional y votaron para levantar su decreto. Yoon fue destituido por el parlamento controlado por la oposición a finales de diciembre de 2024, antes de ser formalmente cesado en su cargo tras una decisión del Tribunal Constitucional en abril.
El viernes, el equipo del fiscal independiente Cho Eun-suk solicitó al Tribunal de Distrito Central de Seúl que condene a Yoon a 10 años de prisión por cargos de obstrucción a la justicia, abuso de poder, falsificación de documentos oficiales y destrucción de pruebas.
Yoon se atrincheró en su residencia y obstaculizó los intentos de las autoridades de ejecutar una orden de detención durante semanas después de su destitución. La tensa situación generó preocupación por posibles enfrentamientos físicos entre el servicio de seguridad presidencial de Yoon y quienes intentaban detenerlo, profundizando aún más la división nacional.
Park Eok-su, un investigador senior del equipo de Cho, calificó las acciones de Yoon como “una obstrucción sin precedentes a la justicia” durante la sesión judicial del viernes.
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Yoon también enfrenta cargos por haber evitado una reunión plenaria del gabinete legalmente obligatoria antes de declarar la ley marcial, y por haber falsificado documentos, incluida la proclamación de la ley marcial, y haber ordenado la eliminación de datos de los teléfonos utilizados por quienes participaron en su imposición.
Yoon ha negado estos cargos y ha mantenido que su decreto tenía como objetivo obtener el apoyo público para su lucha contra el principal partido de la oposición liberal, el Partido Democrático, que destituyó a algunos de sus altos funcionarios y obstaculizó su agenda.
Tras concluir una investigación de seis meses la semana pasada, el equipo de Cho afirmó que Yoon planeó durante más de un año imponer la ley marcial para eliminar a sus rivales políticos y monopolizar el poder.
Otros juicios contra Yoon se refieren a cargos como el de haber ordenado vuelos de drones sobre Corea del Norte para avivar deliberadamente las tensiones y justificar sus planes de declarar la ley marcial, y el de haber cometido perjurio en el juicio de su primer ministro. Yoon también enfrenta cargos por haber intentado manipular la investigación sobre el ahogamiento de un marine en 2023 y por haber recibido encuestas de opinión gratuitas de un intermediario electoral a cambio de un favor político.
Yoon ha declarado que no fue informado sobre dichos vuelos de drones y ha negado haber actuado de forma indebida en el escándalo de tráfico de influencias.
(FRANCE 24 con AP)
