Un contencioso legal de gran envergadura se desarrolla en Bélgica, donde 1.400 residentes demandan a la empresa química 3M por la contaminación con PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) en la región de Flandes. El juicio, iniciado esta tarde, busca una compensación total de 28 millones de euros por los daños causados por la contaminación de la fábrica de 3M.
El caso plantea una cuestión legal crucial: ¿dónde termina la vecindad? Los demandantes, que residen a una distancia de hasta 15 kilómetros de la planta de 3M en Zwijndrecht, buscan que se les considere vecinos con derecho a una indemnización por «perturbación excesiva de la vecindad». Un precedente favorable ya existía para los vecinos que vivían a 1 kilómetro de la fábrica, quienes obtuvieron una compensación en 2023.
La defensa de 3M intenta desacreditar la demanda, argumentando que la relación de vecindad se diluye con la distancia. Sin embargo, la representación legal de los afectados, a cargo del colectivo Darkwater3M, sostiene que los PFAS son sustancias que se transportan fácilmente y que 3M ya ha llegado a acuerdos con agricultores a una distancia de hasta 10 kilómetros y con empresas holandesas a 30 kilómetros de la fábrica.
El abogado de los vecinos expresó su preocupación por la estrategia de 3M de solicitar que cada caso se trate individualmente, lo que podría prolongar el proceso legal durante 16 años, considerando los 1.400 expedientes.
Este proceso legal no solo busca justicia para los residentes afectados, sino que también pone de manifiesto la preocupación por el impacto de la contaminación por PFAS en la salud pública y el medio ambiente, aunque muchos agricultores afectados aún no han encontrado una solución a sus reclamaciones.
La situación en Zwijndrecht ha generado un debate sobre la responsabilidad de las empresas químicas y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la contaminación industrial.
