El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó el miércoles 3 de diciembre una operación de arrestos de inmigrantes indocumentados en Nueva Orleans, presentados como “criminales”, y responsabilizó a las autoridades demócratas de la ciudad por no cooperar con la policía de inmigración.
El presidente Donald Trump reiteró el martes su intención de enviar a la Guardia Nacional a Nueva Orleans, en el sur del país, tal como lo hizo previamente en Los Ángeles, Washington y Memphis, a pesar de la oposición de las autoridades locales demócratas. Afirmó que estos refuerzos son necesarios para combatir la delincuencia y apoyar a la policía federal de inmigración (ICE).
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Trump declaró haber recibido una llamada en este sentido del gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry. “Me pidió ayuda en Nueva Orleans y estaremos allí en unas dos semanas”, aseguró. La ministra de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en X que la operación “sacará a los peores de los peores de Nueva Orleans”.
Políticas de “santuario” en la mira
El ministerio precisó en un comunicado que la operación se dirige a “inmigrantes indocumentados criminales en libertad”, cuestionando la política de santuario implementada por las autoridades demócratas de Nueva Orleans. Estas políticas de “santuario”, adoptadas por numerosos estados y ciudades demócratas, consisten en limitar estrictamente la colaboración entre las fuerzas del orden locales y los agentes de ICE, con el fin de proteger a los inmigrantes indocumentados de las amenazas de deportación.
Un fotógrafo de la AFP en el lugar presenció varios arrestos, algunos de ellos tensos, en el marco de esta operación.
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Donald Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una prioridad absoluta, evocando una “invasión” de Estados Unidos por parte de “criminales provenientes del extranjero” y comunicando ampliamente sobre las deportaciones de inmigrantes. Su gobierno asimila sistemáticamente criminalidad e inmigración ilegal y asegura que se enfoca en los “peores de los peores” inmigrantes que han cometido delitos.
Cifras cuestionadas
Sin embargo, según estadísticas no publicadas de ICE obtenidas por expertos del Cato Institute, de tendencia libertaria, solo el 5% de las personas detenidas por la policía de inmigración desde el inicio del año fiscal el 1 de octubre han sido condenadas por actos de violencia y cerca del 70% no tienen antecedentes penales.
El Departamento de Seguridad Nacional refuta estas cifras, argumentando que “el 70% de los arrestos realizados por ICE conciernen a extranjeros indocumentados criminales acusados o condenados por delitos en Estados Unidos”.
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En Chicago, en el norte del país, objetivo de una operación similar, un juez federal ordenó en noviembre la liberación bajo fianza de más de 400 personas arrestadas por ICE que no representaban un riesgo para la seguridad. Esta decisión ha sido suspendida, tras la apelación presentada por el gobierno. La audiencia ante el tribunal de apelaciones se celebró el martes, pero aún no se ha emitido una resolución.
Con AFP
