Por Christine Fernando – The Associated Press
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes una demanda contra el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, en respuesta a las nuevas leyes estatales diseñadas para proteger a los inmigrantes de arrestos en juzgados, hospitales y guarderías.
Pritzker firmó a principios de este mes un conjunto de leyes que prohíben los arrestos civiles en los tribunales y sus inmediaciones en todo el estado. Estas leyes también exigen que hospitales, guarderías y universidades públicas establezcan procedimientos para gestionar las operaciones de inmigración y proteger la información personal de los inmigrantes.
Las leyes, que entraron en vigor de inmediato, contemplan además recursos legales para aquellos cuyos derechos constitucionales hayan sido vulnerados durante operativos migratorios en el área de Chicago, incluyendo una posible indemnización de 10,000 dólares para quienes sean arrestados ilegalmente mientras intentan asistir a una cita judicial.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes y los derechos civiles han celebrado la promulgación de estas leyes, argumentando que muchos individuos evitan presentarse en tribunales, hospitales y escuelas por temor a ser detenidos.
Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, calificó la decisión como “un acto de valentía”.
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“Nuestra resistencia colectiva a los ataques de ICE y CBP contra nuestras comunidades trasciende una respuesta comunitaria inmediata; también incluye soluciones legislativas”, declaró en su momento.
El Departamento de Justicia sostiene que Pritzker y el fiscal general, Kwame Raoul, ambos demócratas, han violado la Constitución al impulsar estas leyes, las cuales, según el comunicado emitido el lunes por la noche, “amenazan la seguridad de los agentes federales”.
Esta demanda se inscribe dentro de una estrategia más amplia de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, para identificar leyes estatales y locales que, según la agencia, obstaculizan las operaciones federales de inmigración.
Ni Pritzker ni Raoul han respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios. Pritzker reconoció al firmar las leyes que podrían ser objeto de impugnación judicial.
“Sin duda, tienen la capacidad de recurrir a los tribunales, pero creo que esta no solo es una buena ley, sino una excelente ley”, afirmó Pritzker.
La Operación Midway Blitz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que parece haber disminuido en intensidad, resultó en el arresto de más de 4,000 personas.
Datos sobre los arrestos realizados entre principios de septiembre y mediados de octubre revelan que solo el 15% de los detenidos tenían antecedentes penales, y la gran mayoría había cometido infracciones de tráfico, delitos menores o faltas no violentas.
