El gobierno, liderado por el ministro de Justicia Yariv Levin, está impulsando una serie de acciones legislativas con el objetivo de avanzar en su agenda de reforma judicial, diseñada para flexibilizar las restricciones legales sobre las decisiones, acciones y políticas gubernamentales.
Habiendo aprobado en marzo del año pasado una ley que incrementa significativamente la influencia política en la selección de jueces, y por ende, en el poder judicial, la actual batería de legislación de la coalición erosionaría drásticamente la capacidad de los funcionarios e instituciones legales para controlar el poder ejecutivo, incluso antes de que las impugnaciones legales contra las acciones del gobierno puedan llegar a los tribunales.
Entre las piezas legislativas que se están promoviendo para lograr estos objetivos se encuentra un proyecto de ley para convertir al fiscal general en un nombramiento político y despojarlo de su autoridad para interpretar la ley para el gobierno; un proyecto de ley que afirma el control político sobre los asesores legales ministeriales; un proyecto de ley que otorga al ministro de Justicia el control sobre el departamento de investigación de funcionarios de la policía; y un proyecto de ley que somete al principal asesor legal del ejército a la autoridad del jefe de estado mayor, entre otros.
Además, el gobierno someterá a votación en el pleno de la Knéset esta semana una moción a la agenda que declara que el Tribunal Superior de Justicia no puede emitir órdenes contra las modificaciones de las Leyes Básicas promulgadas por el gobierno.
Dicha moción se dirige a las peticiones que actualmente se tramitan ante el Tribunal Superior, solicitando que se anule la politización del proceso de selección judicial. También busca socavar la histórica decisión del tribunal en enero de 2024, que anuló una ley aprobada por el gobierno el año anterior para prohibir el uso del criterio de razonabilidad judicial. Si bien esta moción no tendría fuerza de ley, podría utilizarse como un arma política contra el tribunal.
Finalmente, la retórica agresiva de los ministros del gobierno y los miembros de la coalición en las últimas semanas, incluidas las llamadas a desobedecer al tribunal, parece diseñada para deslegitimar al tribunal y posiblemente preparar el terreno para una desobediencia directa a las órdenes judiciales.
Las diversas piezas legislativas se encuentran en diferentes etapas del proceso legislativo, pero Levin ha declarado su intención de desmantelar el sistema legal “ladrillo a ladrillo”.
Queda por ver cuánta de esta agenda de reforma judicial puede ser aprobada en comisión y aprobada por el pleno de la Knéset en las tres o cuatro lecturas que cada proyecto de ley necesita para convertirse en ley, antes de que el gobierno se quede sin tiempo, de una forma u otra.
Proyecto de ley para reducir el poder del fiscal general y dividir el cargo
La Comisión de Constitución, Ley y Justicia está actualmente analizando un proyecto de ley para su primera lectura en el pleno de la Knéset que reduciría drásticamente los poderes del fiscal general y dividiría el cargo, creando un nuevo cargo de fiscal jefe, junto al fiscal general.
Dividir el cargo no es necesariamente controvertido si se hiciera de manera reflexiva.
Sin embargo, las disposiciones clave del proyecto de ley otorgarían al gobierno el control total sobre el nombramiento del fiscal general y le permitirían destituir al fiscal general en funciones al comienzo de una nueva administración, convirtiéndolo en un nombramiento altamente político esencialmente subordinado a la voluntad del gobierno. Actualmente, un comité público y profesional encabezado por un exjuez del Tribunal Supremo designado por el presidente del Tribunal Supremo en funciones recomienda un candidato para fiscal general para garantizar que su primera lealtad sea a la ley, no al gobierno.
El proyecto de ley también estipula que el gobierno ya no estaría obligado a considerar vinculantes las posiciones legales del fiscal general, lo que significa que sería libre de ignorar totalmente sus decisiones, lo que haría que el cargo fuera prácticamente inútil y, esencialmente, daría al gobierno carta blanca para hacer lo que le plazca independientemente de la ley, a menos que y hasta que el Tribunal Superior intervenga.
Proyecto de ley que subordina a los asesores legales ministeriales al ministro
La semana pasada, la Knéset aprobó en primera lectura una ley que eliminaría a los asesores legales ministeriales, quienes informan a los ministros si sus acciones, decisiones y políticas son legales o no, de la autoridad del fiscal general.
En cambio, los asesores legales estarían subordinados a los directores generales de los ministerios en los que sirven, quienes son a su vez designados políticamente por el ministro.
Los críticos argumentan que esto inevitablemente aumentaría la presión política sobre el asesoramiento proporcionado por el asesor legal con respecto a las políticas y acciones del ministro, y reduciría la neutralidad de dicho asesoramiento, dando esencialmente a los ministros más libertad en términos de cumplimiento de la ley.
Proyecto de ley que otorga al ministro de Justicia el control sobre la investigación interna de la policía
Un proyecto de ley que otorgaría al ministro de Justicia el control sobre el Departamento de Investigaciones Internas de la Policía (DIPI) está listo para su primera lectura en el pleno de la Knéset. Aún no se ha fijado una fecha, pero podría ser a principios de esta semana.
DIPI, que es responsable de llevar a cabo investigaciones penales sobre agentes de policía, actualmente opera bajo la Oficina del Fiscal del Estado y está subordinado profesional y organizativamente a ella, mientras que el jefe de la agencia es designado por un comité profesional de la Comisión del Servicio Civil.
La nueva legislación tendría al director de DIPI designado por un comité de cinco miembros, con el ministro de Justicia controlando la mayoría de los miembros.
El director de DIPI serviría por un período de seis años, pero podría ser destituido por el mismo comité.
Funcionarios del Ministerio de Justicia han expresado su preocupación por que los cambios en la estructura de DIPI comprometan su independencia y lo politicen, debido a su subordinación a una figura política, el ministro de Justicia.
Proyecto de ley que subordina al asesor legal militar jefe del ejército al jefe de estado mayor
El gobierno el domingo dio su apoyo a un proyecto de ley que haría que el principal asesor legal del ejército fuera operacionalmente sujeto al jefe de estado mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Actualmente, el asesor legal militar está sujeto solo a la ley y es libre de llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos sin ninguna interferencia de los demás oficiales superiores de las FDI, lo que garantiza la independencia al tratar con acciones ilegales cometidas por el ejército.
La nueva legislación, que aún no ha sido aprobada en primera lectura, colocaría al asesor legal militar bajo la autoridad directa del jefe de estado mayor de las FDI. El jefe de estado mayor tendría autoridad sobre las acciones del asesor legal militar y el ejercicio de su autoridad, y podría dirigir las políticas del asesor legal militar.
La primera lectura del proyecto de ley en la Knéset antes de su aprobación en comisión podría ser tan pronto como este miércoles.
