¿Cuál es el propósito de la acción social?
La acción social ministerial se dirige, en primer lugar, a todos los agentes públicos (funcionarios titulares, contratados o jubilados) y a sus familias (hijos y cónyuges), y persigue varios objetivos que buscan promover los principios de solidaridad, igualdad y justicia social a través de:
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La mejora de las condiciones de vida de los agentes mediante ayudas para la vivienda, la restauración, el ocio y las vacaciones.
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La prevención de las dificultades sociales (sobreendeudamiento, aislamiento, ruptura familiar).
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El apoyo a los agentes que se enfrentan a eventos difíciles como la enfermedad, la discapacidad, el divorcio, etc.
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El fortalecimiento de la cohesión social y el sentimiento de pertenencia al servicio público.
La acción social interministerial, por su parte, se dirige a todos los agentes del Estado en activo o jubilados, como complemento de la acción social ministerial.
Todas las personas deben poder beneficiarse de prestaciones sociales, culturales y de ocio, colectivas o individuales, ministeriales e interministeriales, teniendo en cuenta sus ingresos y los tramos establecidos. Los presupuestos deben permitirlo. Se debe difundir información clara y regular sobre las prestaciones a los agentes en activo y jubilados.
Finalmente, los desafíos de la acción social son numerosos, ya que las situaciones de precariedad aumentan, en particular debido a la congelación del índice salarial, y existe un problema de falta de vivienda en algunas zonas muy urbanizadas.
¿Qué solicita UNSA Educación?
1) Una nota de orientación clara y ambiciosa
Nuestra federación solicita una nota de orientación que permita una mejor correspondencia entre las necesidades de los agentes y las prestaciones ofrecidas. De hecho, algunas prestaciones (que dependen del nivel académico o regional y tienen un ámbito de intervención en diferentes áreas de la familia o personales) carecen de visibilidad.
El informe nacional de acción social de 2024 muestra, de hecho, una parte importante dedicada a los gastos relacionados con la discapacidad, lo que reduce considerablemente el margen de maniobra para otras prestaciones. Para UNSA Educación, la asignación relativa a la discapacidad debe provenir de otra partida presupuestaria para que los agentes que puedan beneficiarse de ella la reciban sin que ello perjudique a otra prestación.
2) Una acción social decididamente orientada a la lucha contra la desigualdad de género
En un ministerio donde las mujeres son mayoría, UNSA Educación, comprometida con la lucha contra la desigualdad de género, exige la revalorización del CESU para el cuidado de niños y el aumento del número de plazas en guarderías públicas o asociativas, así como el despliegue de un CESU para niños de 6 a 12 años.
3) El establecimiento de una verdadera asociación de personal
La asociación Préau, creada por el Ministerio de Educación Nacional en 2021, ofrece a los empleados prestaciones en los ámbitos de la cultura, el ocio, el deporte y las vacaciones. Financiada con fondos públicos, presenta una serie de disfunciones tanto en términos de gobernanza como de gestión de las ofertas propuestas. De hecho, UNSA Educación solicita la creación o habilitación de una estructura asociativa que ofrezca a los empleados ofertas más completas e interesantes en materia de cultura, ocio, deportes y vacaciones. Esta estructura no debe confundirse con la acción social ministerial ni sustituirla. Esta organización debe gestionarse de forma paritaria, lo que no es el caso de Préau.
¿Qué exige UNSA Educación en los órganos de la acción social?
UNSA Educación vela en el seno de los órganos consultivos para que la acción social desempeñe plenamente su papel social y solidario con los agentes, con presupuestos adaptados a sus necesidades.
UNSA Educación fomenta y participa en la aplicación de una política decidida: las prestaciones deben corresponder a las expectativas y necesidades del personal. Reclamamos el consumo total de los créditos asignados a la acción social y un presupuesto acorde con las necesidades.
El personal de juventud y deportes ha perdido mucho en materia de acción social desde su llegada al ámbito ministerial educativo y esto es inaceptable. UNSA Educación, junto con sus sindicatos de Juventud y Deportes, presenta reivindicaciones firmes para garantizar un tratamiento equitativo de todos los agentes bajo la responsabilidad del Estado. Los agentes de los ministerios educativos (Educación Nacional, Juventud y Deportes, Enseñanza Superior e Investigación) deben poder beneficiarse de una cantidad de acción social por agente idéntica a la del personal de otros ministerios!
Nuestra federación reafirma el papel esencial de la acción social, que tiene como objetivo apoyar a los agentes en su vida personal y familiar, independientemente de su remuneración y no debe sustituirla en ningún caso.
Para UNSA Educación, aún queda mucho por hacer para lograr una política de acción social ambiciosa y a la altura de las necesidades de los agentes. Nuestra consideración también pasa por la acción social!
Para UNSA Educación, el atractivo de nuestras profesiones también pasa por una política de vivienda digna. Si el ministerio es consciente de ello, la federación estará atenta y espera resultados y medidas concretas. Para nuestra federación, la vivienda del personal es la prioridad en materia de acción social.
En un momento en que el coste de la vida nunca ha sido tan alto, entre la inflación y la congelación del índice salarial, muchos de nuestros compañeros se encuentran en una gran situación de precariedad. No es aceptable permitir que estas situaciones persistan. Maltratar la acción social es maltratar a los compañeros. Para UNSA Educación, ¡es urgente actuar! Por eso, nuestra federación actúa a todos los niveles para desarrollar el acceso a las prestaciones sociales y aumentar su tasa. Estos dos ejes principales contribuyen a compensar las consecuencias de las disparidades territoriales en el coste de la vida.
UNSA Educación fomenta y participa finalmente en la aplicación de una política decidida, porque fortalecer la acción social no solo mejora el bienestar de los agentes, sino que también contribuye a la calidad del servicio público de educación.
Por lo tanto, puede contar con sus representantes en los órganos para lograr avances importantes en la mejora de las condiciones de vida de los agentes y sus familias.
