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Se ha detectado que Finagro, una entidad gubernamental, otorgó créditos a empresas del sector petrolero. Estos créditos, que cuentan con subsidios estatales, estaban legalmente destinados al sector agrícola.
La situación plantea interrogantes sobre el cumplimiento de la normativa vigente, que establece que los recursos de Finagro deben priorizarse para el financiamiento de la agricultura. Se investiga cómo se produjo la asignación de estos fondos a un sector diferente al originalmente contemplado.
