Un tribunal japonés dictará mañana sentencia en el caso de Tetsuya Yamagami (45), el hombre que asesinó al ex primer ministro Shinzo Abe durante un mitin electoral en julio de 2022. La fiscalía ha solicitado cadena perpetua. Sin embargo, la pregunta que ocupa a Japón desde hace tres años no es tanto cuál es la pena adecuada, sino por qué el asesino ha generado una sorprendente cantidad de comprensión.
En la mañana del 8 de julio de 2022, dos fuertes disparos resonaron en una plaza cerca de la estación de Yamato-Saidaiji en la ciudad de Nara. Shinzo Abe, el primer ministro con más tiempo en el cargo en la historia de la posguerra, colapsó mientras pronunciaba un discurso de campaña. El autor, Tetsuya Yamagami, fue sometido de inmediato. Utilizó un arma de fuego improvisada, construida con materiales que había adquirido en línea.
El ataque conmocionó profundamente a Japón. La violencia armada es excepcional en Japón, y apenas se contemplaba la posibilidad de un asesinato político. Días después, se reveló que Yamagami no actuó por convicciones ideológicas, sino por un resentimiento personal hacia la Iglesia de la Unificación, oficialmente conocida como la Federación Familiar para la Paz Mundial.
Abe y la Iglesia de la Unificación
Shinzo Abe no era un ex primer ministro cualquiera. Tras su dimisión en 2020, continuó siendo una de las figuras políticas más importantes de Japón, como líder de la facción conservadora del partido gobernante LDP. Menos visible, pero ahora ampliamente demostrado, fue su conexión con la Iglesia de la Unificación, un movimiento cristiano surcoreano que ha sido objeto de controversia durante décadas debido a sus agresivas prácticas de recaudación de fondos.
En 2021, Abe envió un mensaje de video a la organización expresando su respeto por el líder de la iglesia, Hak Ja Han Moon. Para Yamagami, ese fue un punto de inflexión. Cuando se le preguntó por qué había elegido al político como objetivo, respondió: “Sentí desesperación y urgencia, porque alguien como Abe le daba reconocimiento a esta iglesia”.
Inicialmente, Yamagami dirigió su ira contra los funcionarios de la iglesia. Planeó varios ataques, que fracasaron repetidamente. Solo poco antes del asesinato trasladó su atención a Abe, “porque él era el rostro de los vínculos entre la iglesia y la política”.
Una familia desestructurada
La madre de Yamagami se unió a la Iglesia de la Unificación a principios de la década de 1990. Finalmente donó a la iglesia más de cien millones de yenes (aproximadamente 540.000 euros), convencida de que así podría salvar a su familia de la condenación. Su padre se opuso firmemente e intentó detenerla en vano con amenazas. Tras su muerte, vendió su casa y donó los ingresos a la iglesia.
En 2015, el hermano de Yamagami se suicidó tras años de conflicto por la devastación financiera que la iglesia había causado a la familia. Cuando su madre dijo más tarde que sus donaciones habían provocado que él “estuviera en el cielo”, Yamagami decidió vengarse.
Castigo y comprensión
Su acto fue “peligroso, cobarde y excepcionalmente grave”, afirma la fiscalía. El hecho de que el acusado haya sufrido no cambia mucho eso, según la fiscalía. “Mucha gente enfrenta adversidades sin recurrir al asesinato”. Por eso, los fiscales piden cadena perpetua. Japón también tiene la pena de muerte, pero solo se aplica en casos de asesinato múltiple.
La defensa, por el contrario, enfatiza que Yamagami es una “víctima de abuso religioso”. Su acto fue “desesperado, no ideológico”. Sus abogados piden una pena máxima de veinte años de prisión.
Después del asesinato, algo sorprendente ocurrió fuera del tribunal: Yamagami recibió miles de muestras de apoyo, dinero y regalos. Una petición para reducir la pena fue firmada más de diez mil veces. Durante el funeral de Estado de Abe, manifestantes disfrazados de Yamagami aparecieron.
En la opinión pública, se le presenta como un símbolo de los shūkyō nisei: hijos criados a la fuerza dentro de sectas religiosas. Tras el ataque, cada vez más de ellos se han manifestado, todos con sus propias historias de victimización.
Consecuencias políticas
Investigaciones recientes revelan que cientos de políticos del LDP han recibido apoyo de la Iglesia de la Unificación durante años, desde ayuda electoral hasta declaraciones de apoyo. Esto ha llevado a la dimisión de varios funcionarios. Este mes, el debate se ha reavivado tras la reaparición del nombre de la primera ministra Sanae Takaichi en un documento interno filtrado sobre estrechos vínculos entre la cúpula del partido y la iglesia.
Para calmar los ánimos, el gobierno ha tomado medidas con una legislación más estricta contra las donaciones forzadas y una solicitud al tribunal para disolver la Iglesia de la Unificación. Para muchos japoneses, esto confirma precisamente la sospecha de que la política ha ignorado conscientemente a la iglesia durante años, a pesar de las generalizadas preocupaciones sobre sus prácticas de donación.
El miércoles, el tribunal determinará la sentencia. Independientemente del resultado, el caso Yamagami ha enfrentado a Japón a una incómoda tensión: entre el rechazo de la violencia política y la comprensión pública del acto.
