Juez cuestiona plan de Trump para sala de baile en la Casa Blanca

Un juez federal que preside el desafío al proyecto del salón de baile de la Casa Blanca expresó un profundo escepticismo sobre el argumento de la administración Trump de que el presidente tiene la autoridad legal para llevar a cabo las renovaciones del ala este y financiarlas con donaciones privadas.

Durante una audiencia el jueves, el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Richard Leon, presionó a un abogado de la administración sobre ambos temas, cuestionando si el presidente tiene el poder de demoler parte de lo que calificó como “un ícono que es una institución nacional” y describió la intención de financiarlo con regalos privados como un “artilugio de Rube Goldberg” que evadiría la supervisión del Congreso.

La National Trust for Historic Preservation presentó una demanda el mes pasado para detener la construcción del salón de baile hasta que el proyecto complete el proceso de revisión federal estándar para los proyectos de construcción federales y la administración busque comentarios públicos sobre los cambios propuestos.

La National Trust, la organización sin fines de lucro financiada de forma privada designada por el Congreso para proteger los sitios históricos, buscaba una medida cautelar.

Al final de la audiencia de una hora el jueves, el juez Leon dijo que probablemente no emitirá una decisión este mes, pero “esperemos” en febrero. Indicó que espera que la parte perdedora apele.

En una declaración proporcionada a ABC News, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, dijo: “El presidente Trump está trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para Hacer Grande a Estados Unidos nuevamente, incluida su histórica embellecimiento de la Casa Blanca, sin gastos de los contribuyentes. Estas mejoras largamente necesarias beneficiarán a las generaciones futuras de presidentes y visitantes estadounidenses de la Casa del Pueblo”.

La Casa Blanca anunció la construcción de un salón de baile de 90,000 pies cuadrados a finales de julio, y la demolición comenzó repentinamente en el ala este a finales de octubre, cuando los trabajadores fueron vistos demoliendo la sección de la Casa Blanca que albergaba las oficinas de la primera dama.

El tamaño y el costo del proyecto han aumentado desde su presentación inicial. En noviembre, Trump dijo que el proyecto costaría $400 millones, después de una estimación inicial de $200 millones. La Casa Blanca ha dicho que el proyecto será financiado con donaciones privadas.

El juez Leon, nombrado por George W. Bush, dijo que la administración Trump parece estar dando un “atajo” a la supervisión del Congreso con el plan del presidente de recaudar $400 millones de forma privada para el proyecto del salón de baile, y amonestó al abogado del Departamento de Justicia para que “sea serio” al justificar una base legal para ello.

Si bien el caso presenta una serie de cuestiones legales complicadas y superpuestas, el juez se centró gran parte de la audiencia en dos estatutos federales: uno, que establece que ninguna “construcción o estructura” puede construirse en terrenos públicos federales en el Distrito de Columbia “sin la expresa autorización del Congreso”, y otro que exige apropiaciones anuales para el “mantenimiento, reparación, alteración, renovación [y] mejora” de la Casa Blanca.

Leon señaló que los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso y que el presidente podría haber acudido a los legisladores para buscar la aprobación de la demolición y reconstrucción. También sugirió que los $2.5 millones que el Congreso asignó recientemente para el mantenimiento de la Casa Blanca fueron para “proyectos de muy pequeña escala”, no para un salón de baile.

El abogado del Departamento de Justicia, Yaakov Roth, respondió que Trump no quería que se utilizaran $400 millones de dinero de los contribuyentes para el proyecto, cuando podía solicitar donaciones al Servicio de Parques Nacionales para financiarlo. Roth también señaló que nunca se le pidió al Congreso en la era de Gerald Ford que aprobara la construcción de una piscina o un pabellón de tenis durante el primer mandato de Trump.

“¿Su argumento para usar la autoridad de donaciones del NPS en un ícono que es un tesoro nacional es, qué? ¿La piscina de Gerald Ford de 1977?”, preguntó Leon. “¿Está comparando eso con la demolición del ala este? ¡Vamos! Sea serio”.

Leon dijo que no veía “ninguna base” en la historia legislativa de la autoridad de donaciones del servicio de parques que permitiera a Trump usarla para recaudar $400 millones para construir un nuevo salón de baile de la Casa Blanca. “Ninguna”, dijo Leon. “Cero”.

Argumentando por la National Trust, el abogado Tad Heuer describió al presidente como un “inquilino temporal de la Casa Blanca, no el propietario”. Leon sugirió que “administrador” podría ser un término más apropiado.

“Él no es el dueño”, dijo Heuer.

Cuando Roth tomó la palabra para comenzar su argumento en nombre de la administración, intentó convencer al juez de que la National Trust no tiene legitimación activa para demandar. Leon lo interrumpió abruptamente.

“Me siento muy cómodo con la legitimación en este caso”, dijo Leon. “Lo siento por decepcionarlo. Tendrá su oportunidad en la Corte de Apelaciones”.

Roth advirtió al juez que una orden que detenga la construcción en esta etapa podría exponer la estructura existente de la Casa Blanca a daños y potencialmente generar problemas de seguridad, ya que se cree ampliamente que una sustitución de un búnker subterráneo previamente existente es parte del proyecto. La National Trust ha dicho que no se opondría a la continuación de la construcción de la parte relacionada con la seguridad del trabajo.

“No se puede dividir de esa manera”, dijo Roth sobre la construcción relacionada con la seguridad, “a menos que queramos que el tribunal sea el gerente de proyecto en el sitio”.

Leon se negó a emitir una orden desde el estrado. Dijo que la próxima tormenta invernal hacía poco probable que emitiera un fallo sobre la moción de la National Trust para una medida cautelar antes de fin de mes.

Michelle Stoddard de ABC News contribuyó a este informe.

Nota del editor: Una versión anterior de esta noticia identificó erróneamente a un abogado de la National Trust for Historic Preservation. La noticia ha sido corregida y actualizada.