SAN JOSÉ.– Costa Rica vivió una jornada electoral histórica que definirá el futuro de su estabilidad democrática. Con más del 80% de las mesas escrutadas, Laura Fernández, la candidata oficialista que ha prometido una línea dura sin precedentes contra el crimen organizado, se impuso en las elecciones con el 48,7% de los votos, seguida por Álvaro Ramos, de centroizquierda, quien obtuvo el 33,1%.
Unos 3,7 millones de costarricenses acudieron a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Fernández, una politóloga de 39 años, se perfiló como la favorita, basando su campaña en la emulación del modelo de seguridad implementado por Nayib Bukele, el presidente de El Salvador.
En su primer discurso tras la victoria, la presidenta electa aseguró que “nunca” permitirá el “autoritarismo” en su gobierno.
Fernández, cercana al actual presidente Rodrigo Chaves, ha sido acusada por sus oponentes de buscar llevar al país, reconocido por su estabilidad democrática, por un camino autoritario a través de sus propuestas de mano dura contra el narcotráfico y una reforma de los poderes del Estado.
“Yo, como nueva presidenta de la República, no lo voy a permitir nunca”, declaró ante sus seguidores reunidos en un hotel de la capital.
Su triunfo fortalece a la derecha en Latinoamérica, tras las recientes victorias en Chile, Bolivia y Honduras. Este año se celebrarán elecciones presidenciales en Brasil y Colombia, actualmente gobernados por la izquierda. Además, Fernández se convertirá en la segunda mujer en gobernar Costa Rica, un país de 5,2 millones de habitantes y uno de los más estables de la región, después de Laura Chinchilla, quien ganó en primera ronda en 2010.
La figura de Fernández representa una ruptura con los valores históricos del país, como el pacifismo y las libertades civiles. Su discurso se centra en la mano dura contra quienes ella denomina “desgraciados”, en referencia a los delincuentes que operan en el territorio.
El modelo salvadoreño es el eje central de su propuesta. Fernández ha propuesto la construcción de una megacárcel de máxima seguridad, inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de Bukele. Este nuevo penal, denominado Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), tendrá capacidad para 5100 reclusos.
Asimismo, la candidata planea implementar estados de excepción en zonas conflictivas y un aumento significativo de las penas. Para el oficialismo, las garantías individuales son obstáculos que dificultan el control del narcotráfico.
Esta visión autoritaria cuenta con el respaldo total del actual presidente, Rodrigo Chaves, quien es el mentor político de Fernández. Chaves goza de una popularidad considerable gracias a su estilo personalista y confrontativo frente a las élites tradicionales. El mandatario suele culpar al Poder Judicial y al Congreso por la impunidad criminal, argumentando que priorizan los derechos humanos de los presos sobre los de las víctimas. Los analistas advierten que, si el oficialismo obtiene la mayoría legislativa, buscarán una reforma constitucional para otorgar más poder al Ejecutivo.
La crisis de seguridad justifica este giro radical a los ojos de gran parte del electorado. Costa Rica, que tradicionalmente ha sido un país pacífico, registra ahora una tasa récord de 17 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El narcotráfico ha transformado al país en un centro logístico clave para la exportación de drogas hacia Estados Unidos y Europa. La aparición del Cartel del Caribe Sur, una organización de alcance internacional, evidencia la gravedad de la violencia criminal en los puertos del Caribe y el Pacífico.
Desde la oposición, existe una preocupación constante por el autoritarismo. El premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, afirma que la supervivencia de la democracia costarricense está en juego. Los rivales de Fernández, como el economista Álvaro Ramos, denuncian que busca desmantelar los contrapesos del Estado para instaurar un sistema de control absoluto. Investigadores de la Universidad de Costa Rica señalan que el peligro real es la erosión de la cultura jurídica basada en la legalidad y la proporcionalidad.
A pesar de que la pobreza ha disminuido recientemente hasta el 15,2%, la desigualdad y el alto costo de vida alimentan el descontento social. Esta insatisfacción ha permitido que el populismo autoritario gane terreno en una de las democracias más antiguas del mundo.
Agencia AFP.
