Estados Unidos ha implementado nuevas restricciones a la inmigración, impactando significativamente a diversos sectores económicos. Desde el 21 de septiembre, los solicitantes de una primera visa H-1B deben abonar una tasa de 100.000 dólares a la administración estadounidense, lo que representa un obstáculo considerable para la industria tecnológica, tradicionalmente dependiente del talento extranjero.
Esta política se enmarca en una estrategia más amplia, según la cual el gobierno de Donald Trump no solo busca controlar la inmigración irregular, sino también limitar la inmigración legal y priorizar la contratación de trabajadores estadounidenses. Stephen Miller, asesor político de la Casa Blanca, argumentó que “muchos países a lo largo de la historia han experimentado la importación de mano de obra extranjera. Occidente es la primera y única civilización en importar mano de obra extranjera a la que se otorgan plenos derechos políticos, incluyendo prestaciones sociales y el derecho al voto. Todos los visados constituyen una vía de acceso a la ciudadanía”, justificando así la política restrictiva de visados implementada por su gobierno.
Los efectos de esta política ya son visibles. La Oficina del Censo de Estados Unidos (Census Bureau) proyecta una disminución de 2,4 millones en el saldo migratorio neto en los próximos dos años, situándose en 321.000 entradas entre julio de 2025 y junio de 2026. Las llegadas legales apenas compensan las expulsiones y las salidas voluntarias de inmigrantes sin estatus legal, lo que lleva al país a experimentar una tendencia hacia una inmigración neta negativa, según el Census Bureau. El Instituto Brookings estima que la población inmigrada podría disminuir entre 10.000 y 295.000 personas en 2025.
Veto a 75 países que representan el 47% de la inmigración legal
En los últimos meses, las restricciones migratorias se han intensificado. En diciembre, la administración canceló la lotería anual de tarjetas verdes, privando a 55.000 extranjeros de la oportunidad de trabajar en Estados Unidos. La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó esta decisión argumentando el riesgo asociado a este programa de “diversidad”, tras un tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown, perpetrado por un ciudadano portugués con “green card”.
Desde el 21 de enero, el número de países sujetos a restricciones drásticas o prohibiciones de acceso a visados estadounidenses ha aumentado de 39 a 75, afectando al 47% del flujo de inmigración legal. Este veto afecta principalmente a países pobres o inestables, con pocas excepciones en Europa occidental (Bosnia-Herzegovina, Albania, Kosovo, Moldavia, Montenegro y Macedonia). El objetivo oficial es impedir el acceso a aquellos extranjeros que podrían suponer una carga para el sistema de bienestar social estadounidense.
Esta situación contrasta con la inminente celebración de la Copa Mundial de Fútbol, evento que se espera atraiga a más de un millón de turistas en 2026, tras una disminución estimada del 6% en el número de visitantes internacionales el año pasado, según datos de Tourism Economics. Si bien los atletas de los países vetados recibirán exenciones para ingresar a Estados Unidos, los espectadores y periodistas de estos países, incluso con un “pase de la FIFA”, estarán sujetos a una verificación exhaustiva de sus antecedentes.
Entre 200.000 y 560.000 menos entradas netas legales
El endurecimiento de las políticas migratorias ha llevado a Oxford Economics a revisar a la baja sus proyecciones. Ahora estiman una reducción de entre 200.000 y 560.000 entradas netas legales anuales hasta el final del mandato de Trump. “La represión de la inmigración se extiende mucho más allá de los inmigrantes sin estatus legal, más de lo que habíamos anticipado al principio de la administración actual”, señalan los analistas.
Como resultado, Oxford Economics prevé que solo habrá 160.000 entradas netas en 2026, autorizadas o no, en comparación con las 350.000 que se preveían anteriormente. La suspensión de visados en enero afectará principalmente a ciudadanos de Pakistán, Cuba, Jamaica, Bangladesh y Nigeria. Existe la posibilidad de que se amplíe la lista de países vetados o que las restricciones se extiendan a los extranjeros que residen en Estados Unidos.
Revocaciones de visados y de ciudadanía
Estas restricciones se suman a las revocaciones de visados (100.000 el año pasado, según el Secretario de Estado Marco Rubio) y a la finalización del programa de protección temporal para migrantes de once países, que ha dejado sin estatus legal y sin derecho a trabajar a más de un millón de venezolanos, haitianos, cubanos, entre otros.
El gobierno actual también planea eliminar el visado que permite a los estudiantes permanecer tres años adicionales en Estados Unidos después de obtener su título. Se reducirá la duración de algunos visados, especialmente para periodistas. Donald Trump también busca desnaturalizar a ciudadanos estadounidenses de origen somalí y eliminar el derecho de nacimiento para los hijos de padres extranjeros.
En cualquier caso, la disminución de la inmigración significa que ahora solo se necesitan 20.000 creaciones de empleo mensuales para evitar un aumento de la tasa de desempleo, según Oxford Economics, que habla de una era de “expansión sin empleo”, en palabras de la economista Claudia Sahm.
Este freno a la inmigración legal no es bien recibido ni en Silicon Valley ni en Wall Street, pero por el momento, la administración Trump no parece preocuparse. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, se ha mostrado complacido con la perspectiva de recortar las ayudas sociales a los “ilegales y otros extranjeros no calificados”.
David Sacks, el “zar de la IA” que abogaba por un aumento de la inmigración legal cualificada, permanece en silencio. Sin embargo, llegará el día en que las empresas clamen auxilio y Donald Trump deba elegir entre el rechazo al extranjero y el crecimiento.
