El gobierno propone imponer multas a las empresas con un servicio de atención al cliente deficiente, ante la insuficiencia de las regulaciones actuales. Así lo anunció la administración en un comunicado de prensa.
Actualmente, las empresas del sector de servicios están obligadas a responder a las reclamaciones de los clientes y a buscar soluciones de manera oportuna. Sin embargo, las empresas que no cumplen con estas obligaciones no enfrentan consecuencias legales y no existe una autoridad que supervise el cumplimiento de las normas. Por ello, el gobierno plantea la aplicación de sanciones económicas a las empresas que incurran en malas prácticas.
Se propone que la responsabilidad de supervisar el correcto funcionamiento de las empresas recaiga en el Defensor del Consumidor, quien también tendrá la facultad de intervenir en caso de incumplimiento de las regulaciones.
