Los prestatarios de préstamos estudiantiles cuyos saldos restantes sean condonados a partir de 2026 podrían enfrentar importantes obligaciones fiscales federales y, en algunos casos, estatales, después de que expirara una suspensión temporal a finales de 2025, según asesores financieros y analistas de políticas.
¿Por qué es importante?
La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 hizo temporalmente que la mayoría de la condonación de préstamos estudiantiles no estuviera sujeta a impuestos, pero esa protección federal expiró el 31 de diciembre de 2025. Esto significa que la deuda cancelada bajo los planes de pago basados en los ingresos se considerará ingreso imponible a partir de este año.
Defensores y varios senadores estadounidenses advirtieron que las responsabilidades fiscales resultantes –descritas por expertos como una “bomba fiscal”– podrían socavar el alivio para los prestatarios que han realizado pagos durante 20 o 25 años bajo los programas federales de pago basado en los ingresos.
Lo que debes saber
A partir del 1 de enero de 2026, los montos de los préstamos estudiantiles condonados a través de los planes de pago basado en los ingresos (IDR) del Departamento de Educación se tratarán como ingresos imponibles a nivel federal, lo que podría llevar a los prestatarios a tramos impositivos más altos y afectar su elegibilidad para otros créditos y deducciones.
La condonación de préstamos por Servicio Público, que cancela los préstamos federales para los trabajadores gubernamentales y sin fines de lucro que cumplen los requisitos después de 120 pagos calificados, sigue exenta de impuestos, al igual que otras descargas como la condonación de préstamos para maestros, por fallecimiento o discapacidad, y por defensa del prestatario.
Un análisis de Protect Borrowers, una organización sin fines de lucro dedicada a proteger a los prestatarios de préstamos estudiantiles, estima pérdidas netas de aproximadamente $5,800 a más de $10,000 para un prestatario típico después de impuestos y créditos perdidos. Numerosos legisladores demócratas, incluidos los senadores Elizabeth Warren de Massachusetts y Bernie Sanders de Vermont, firmaron una carta a finales de 2025 al Secretario del Tesoro Scott Bessent, advirtiendo que la expiración de la condonación de impuestos podría castigar a los prestatarios con “facturas fiscales masivas”.
Algunos prestatarios también podrían deber impuestos estatales, ya que el tratamiento de la deuda estudiantil condonada varía según el estado.
Los prestatarios que fueron considerados elegibles para la condonación en 2025 no enfrentarán impuestos federales sobre ese alivio, incluso si las descargas ocurren más tarde, según un acuerdo entre la Federación Americana de Maestros y el Departamento de Educación. Los defensores del consumidor han aconsejado guardar los registros de elegibilidad fechados.
Lo que dicen
Ethan Miller, un planificador financiero certificado y fundador de Planning for Progress, le dijo a CNBC: “Mucha gente está muy cerca de alcanzar sus 20 o 25 años” para lograr la condonación. “Son ellos los que realmente deben pensar en cómo la llamada ‘bomba fiscal’… los va a afectar”.
Los legisladores demócratas escribieron en su carta: «Al castigar a los beneficiarios de IDR con facturas fiscales masivas, el gobierno federal socava el propósito mismo del programa IDR y incumple sus promesas a los prestatarios. En lugar de agravar este problema negando la condonación de IDR legalmente adeudada a los prestatarios, la administración puede y debe brindar certeza y alivio a estas familias lo antes posible».
¿Qué sigue?
Los prestatarios que esperan la condonación de IDR probablemente necesitarán consultar con asesores para estimar los plazos, modelar los impactos fiscales y considerar reservar fondos o utilizar planes de pago del IRS para administrar posibles responsabilidades.
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