MINNEAPOLIS (AP) — La administración Trump ha emitido una orden exhaustiva que podría resultar en el arresto de decenas de miles de refugiados que se encuentran legalmente en Estados Unidos, pero que aún no tienen la residencia permanente, revirtiendo años de salvaguardias legales e inmigratorias.
Un memorándum presentado por el Departamento de Seguridad Nacional antes de una audiencia federal celebrada el jueves en Minnesota establece que los refugiados que solicitan la tarjeta verde deben regresar a la custodia federal un año después de su admisión en EE. UU. para una revisión de sus solicitudes.
El DHS “puede mantener a la persona bajo custodia durante todo el proceso de inspección y examen”, indica el memorándum, que fue presentado el miércoles.
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Grupos de defensa y reasentamiento han criticado enérgicamente la orden, que probablemente enfrentará desafíos legales y podría generar confusión y temor entre los casi 200.000 refugiados que llegaron a Estados Unidos durante la administración Biden.
La orden es la última de una serie de restricciones migratorias impuestas por la administración Trump, que ha alterado las políticas tradicionales hacia los refugiados, incluida la reducción drástica del número de personas admitidas en el país. Un memorándum obtenido por The Associated Press a finales del año pasado reveló que la administración estaba planeando una revisión de todos los refugiados admitidos en EE. UU. durante la administración Biden, y suspendió inmediatamente la aprobación de tarjetas verdes para los refugiados que llegaron durante esos años.
La administración ha citado preocupaciones de seguridad nacional y económicas como justificación para sus políticas cambiantes. Los expertos señalan que los refugiados que son admitidos en el país ya se someten a un exhaustivo proceso de verificación.
La nueva orden se presentó horas antes de que el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., John Tunheim, escuchara argumentos el jueves sobre si debía extender una orden temporal que protege a los refugiados de Minnesota que se encuentran legalmente en EE. UU. de ser arrestados y deportados. La orden de Tunheim solo se aplica en Minnesota, pero las implicaciones de la nueva política nacional fueron una parte importante de la discusión.
No estaba claro cuántas personas podrían ser arrestadas en virtud de la nueva orden.
El abogado del Departamento de Justicia, Brantley Mayers, declaró durante la audiencia del jueves que el gobierno debería tener el derecho de arrestar a los refugiados un año después de ingresar a EE. UU., pero indicó que esto no siempre ocurriría.
“Esa es una decisión discrecional para el DHS”, dijo, un comentario recibido con escepticismo por los abogados de los refugiados de Minnesota.
Tunheim no dictaminó el jueves, indicando que emitiría una decisión por escrito sobre si se extendería la orden temporal.
Después de la audiencia, la senadora demócrata de EE. UU. Tina Smith de Minnesota dijo en una conferencia de prensa fuera del tribunal que el gobierno “no pudo ofrecer ningún argumento coherente para su política, ni en la ley ni en los hechos”. Ella no estuvo presente en la audiencia, pero dijo que había sido informada al respecto.
“Y por lo tanto, continuaremos la lucha por la justicia en los tribunales”, dijo Smith, flanqueada por abogados y defensores de los derechos de los refugiados, incluida la representante de EE. UU., Ilhan Omar.
Grupos de defensa denuncian la nueva orden
Los defensores de los inmigrantes reaccionaron rápidamente contra la nueva política, con HIAS, una organización judía internacional sin fines de lucro que atiende a refugiados y solicitantes de asilo, calificándola de “un esfuerzo transparente para detener y potencialmente deportar a miles de personas que se encuentran legalmente en este país, personas a las que el propio gobierno de EE. UU. acogió”.
“Se les prometió seguridad y la oportunidad de reconstruir sus vidas. En cambio, el DHS ahora los amenaza con arresto y detención indefinida”, dijo Beth Oppenheim, directora ejecutiva del grupo, en un comunicado.
Tunheim bloqueó al gobierno de atacar a los refugiados de Minnesota el mes pasado, afirmando que los demandantes en el caso probablemente prevalecerían en sus reclamos “de que su arresto y detención, y la política que los justifica, son ilegales”. Su orden de restricción temporal del 28 de enero expirará el 25 de febrero a menos que otorgue una orden preliminar más permanente.
El juez previamente rechazó la afirmación del gobierno de que tenía el derecho legal de arrestar y detener a los refugiados que no hubieran obtenido sus tarjetas verdes dentro de un año de su llegada a EE. UU.
“Exigir la detención conduciría a un resultado ilógico”, escribió Tunheim, ya que los refugiados ni siquiera pueden solicitar tarjetas verdes hasta que hayan estado en EE. UU. durante un año. La interpretación del gobierno, dijo, significa que casi todos los refugiados se enfrentarían a la detención a menos que los funcionarios de inmigración llevaran a cabo su revisión exactamente en la marca de un año, lo que calificó de “absurdo”.
Grupos de defensa de los refugiados demandaron al gobierno federal en enero después de que el gobierno lanzara la Operación PARRIS, un acrónimo de Post-Admission Refugee Reverification and Integrity Strengthening (Reverificación y Fortalecimiento de la Integridad de los Refugiados Post-Admisión).
Se describió como una “iniciativa integral” para reexaminar los casos de 5.600 refugiados de Minnesota a los que aún no se les había otorgado el estatus de residente permanente, o tarjetas verdes. Las agencias citaron el fraude en los programas públicos en Minnesota como justificación.
La Operación PARRIS fue parte de la represión migratoria de la administración Trump dirigida a Minnesota, que incluyó un aumento de miles de agentes federales. Seguridad Nacional la calificó como la operación de aplicación de la ley migratoria más grande de la historia. Desató protestas masivas después de que agentes federales dispararan y mataran a dos ciudadanos estadounidenses. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció la semana pasada que el aumento estaba terminando, aunque una pequeña presencia federal permanecería.
El juez señala que los refugiados son exhaustivamente investigados
La demanda alega que los agentes de ICE fueron de puerta en puerta bajo la Operación PARRIS, arrestando a refugiados y enviándolos a centros de detención en Texas, sin acceso a abogados. Algunos fueron liberados más tarde en Texas y se les dejó encontrar su propio camino de regreso a Minnesota, dijeron.
Tunheim señaló en su orden que los refugiados son exhaustivamente investigados por múltiples agencias antes de ser reasentados en EE. UU. Escribió que ninguno de los arrestados en la operación fue considerado un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga, ni se les acusó de delitos que pudieran ser motivo de deportación.
Tunheim enfatizó que los refugiados afectados por su orden fueron admitidos en EE. UU. debido a la persecución en sus países de origen. Prohibió más arrestos bajo la Operación PARRIS y ordenó que los detenidos que aún estaban bajo custodia fueran liberados y devueltos a Minnesota.
“No están cometiendo delitos en nuestras calles, ni cruzaron ilegalmente la frontera. Los refugiados tienen el derecho legal de estar en los Estados Unidos, el derecho a trabajar, el derecho a vivir en paz”, escribió.
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