La justicia venezolana ha ordenado la liberación de 379 presos políticos, según anunció Jorge Arreaza, parlamentario y autor del texto de la ley de amnistía promulgada el día anterior. Esta medida fue una promesa del gobierno interino tras la destitución de Nicolás Maduro.
El parlamentario Arreaza informó en una entrevista televisiva el viernes por la noche que un total de 379 detenidos “deben ser liberados y amnistiados entre esta noche y mañana por la mañana”, precisando que el Ministerio Público ha enviado solicitudes de amnistía a los tribunales competentes.
La ley, aprobada por los diputados y promulgada el jueves, fue prometida bajo la presión de Estados Unidos por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.
Alcance en duda
Diversos expertos cuestionan el alcance real de la ley, ya que cientos de detenidos, incluyendo policías y militares involucrados en actividades consideradas “terroristas”, podrían quedar excluidos.
La medida no abarca completamente el período comprendido entre 1999 y 2026, correspondiente a las presidencias de Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor Nicolás Maduro, ya que la ley hace referencia a 13 períodos específicos.
Cerca de las cárceles, numerosos familiares de presos políticos esperan desde hace semanas la posible liberación de sus seres queridos. “Muchos de nosotros sabemos que la ley de amnistía no concierne a nuestros familiares”, teme Hiowanka Avila, de 39 años, contactada antes del anuncio. Su hermano Henryberth Rivas, de 30 años, fue arrestado en 2018, acusado de participar en un intento de asesinato contra Nicolás Maduro. “Solo nos queda esperar otra medida, quizás una gracia”, lamentó.
“Una señal de madurez”
Según la ONG Foro Penal, 448 presos políticos han sido liberados desde que el gobierno interino anunciara liberaciones condicionales a principios de enero. Sin embargo, cerca de 650 personas permanecen aún en prisión.
“Hoy estamos construyendo un Venezuela más democrático, más justo, más libre, y esto debe hacerse con el esfuerzo de todos”, afirmó Rodríguez en un discurso televisado. “Los pasos que estamos dando los damos con una conciencia bolivariana (del héroe de la independencia Simón Bolívar), extendemos la mano a quienes piensan diferente”.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó la ley en un comunicado como “una señal de madurez y fortaleza política, que constituye un paso decisivo para la estabilidad de la nación”.
“Libertad para todos”
Alfredo Romero, director de Foro Penal, señaló el viernes que la amnistía “no es automática”, criticando el procedimiento judicial para poder beneficiarse de ella. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, considera que “el balance de la ley es negativo” porque deja a muchas personas fuera, destacando “graves deficiencias estructurales”.
Juan Pablo Guanipa, opositor liberado el 8 de febrero tras nueve meses de detención por “conspiración” y nuevamente arrestado horas después, anunció el viernes que es completamente libre, ya que su arresto domiciliario ya no está vigente.
“Todos lucharemos para que lo que ha comenzado se convierta en una realidad y tengamos democracia, libertad para todos y en igualdad”, declaró este aliado de la líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ante sus simpatizantes reunidos en Maracaibo, exigiendo elecciones. Desde España, donde se encuentra exiliado, Edmundo Gonzalez Urrutia, el candidato de la oposición que reclama la victoria en las elecciones presidenciales de 2024, afirmó que no habrá “reconciliación duradera sin memoria” ni “reparación”.
¿Levantamiento de sanciones?
Delcy Rodríguez, quien gobierna bajo presión estadounidense, había prometido una amnistía y una reforma judicial el 30 de enero. Ha impulsado la aprobación de una nueva ley sobre el petróleo que abre el sector a la inversión privada y ha iniciado una normalización de las relaciones con Estados Unidos, interrumpidas desde 2019.
Madrid, celebrando la amnistía, ha indicado que solicitará a la Unión Europea el levantamiento de las sanciones impuestas a la presidenta venezolana interina.
