Un cirujano ortopédico fue sentenciado hoy a 102 meses de prisión y deberá pagar más de 13 millones de dólares en restitución por su participación en un esquema de 145 millones de dólares para defraudar al Departamento de Trabajo a través de la presentación de reclamaciones fraudulentas por cremas compuestas con receta médica.
“El Departamento está comprometido a proteger a las víctimas y a combatir el fraude contra los Estados Unidos dondequiera que se encuentre”, declaró el Subsecretario de Justicia A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia. “La sentencia de hoy es el resultado de años de esfuerzos incansables de nuestros fiscales y socios de agencias que investigaron este complejo esquema de fraude y llevaron ante la justicia a los responsables de robar decenas de millones de dólares al pueblo estadounidense. Sirve como un recordatorio de que los profesionales médicos que violan la confianza que la sociedad deposita en ellos, su juramento, la ley y perjudican a los estadounidenses para su enriquecimiento personal serán investigados y procesados”.
“Esta sentencia envía un fuerte mensaje a aquellos que intentarían defraudar nuestros programas federales de atención médica para beneficio personal”, dijo la Inspectora General Tammy Hull de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS OIG). “El excelente trabajo de los equipos legales e investigadores detuvo un esquema de fraude en la atención médica de varios años responsable de decenas de millones de dólares en facturación fraudulenta a agencias gubernamentales. Junto con el Departamento de Justicia y nuestros socios federales de aplicación de la ley, USPS OIG seguirá comprometido con la investigación de aquellos que participen en este tipo de fraude y abuso”.
“El Dr. Michael Taba aceptó sobornos y comisiones ilegales por recetar miles de recetas de medicamentos compuestos innecesarios a trabajadores federales lesionados cubiertos por la Oficina de Programas de Compensación al Trabajador del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL-OWCP), poniendo las ganancias ilegales por encima de la seguridad de los pacientes”, dijo el Inspector General Anthony P. D’Esposito de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL-OIG). “Continuaremos defendiendo firmemente junto con nuestros socios de aplicación de la ley para proteger a los pacientes, salvaguardar el OWCP y garantizar la integridad de los programas de beneficios del DOL de desperdicios y codicia”.
“Estamos comprometidos a colaborar con nuestros socios de aplicación de la ley para detener el fraude, el desperdicio y el abuso”, dijo la Inspectora General Cheryl L. Mason de la Oficina del Inspector General del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA-OIG). “Esta sentencia demuestra que identificaremos a aquellos que cometen fraude en la atención médica y ponen en peligro a los empleados de la VA y los haremos responsables”.
“Esquemas criminales complejos como el que involucró a Michael Taba están alimentados por la codicia que ciega y endurece a los delincuentes, y ahí es donde la experiencia en contabilidad forense de nuestros agentes especiales entra en juego para rastrear el dinero”, dijo el Agente Especial en Jefe Adjunto Rodrick Benton de la Oficina de Investigaciones Criminales del IRS en Houston. “El dinero siempre deja un rastro y nuestros investigadores criminales están comprometidos a descubrir el fraude y garantizar la rendición de cuentas. Cuando las personas están dispuestas a destruir la confianza en nuestro sistema médico nacional para robar dinero, las fuerzas del orden federal intervinieron para obligarlos a dar un paso al frente”.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, el Dr. Michael Taba, de 61 años y residente de McKinney, Texas, aceptó sobornos pagados por los propietarios de las farmacias para recetar cremas compuestas médicamente innecesarias a trabajadores federales lesionados. Los codemandados de Taba eran propietarios y operaban tres farmacias ubicadas en Fort Worth y Arlington, Texas. Durante el curso del esquema, los propietarios de las farmacias le pagaron a Taba y a otros médicos millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que estos compuestos se mezclaban en las habitaciones traseras de las farmacias por adolescentes sin formación a un costo de alrededor de 15 dólares por receta para los codemandados de Taba y luego se facturaban al DOL-OWCP hasta 16.000 dólares por receta. Los pacientes que recibieron las cremas testificaron en el juicio sobre la ineficacia de las cremas y, en algunos casos, que el uso de las cremas provocó erupciones cutáneas dolorosas e irritantes.
Entre mayo de 2014 y marzo de 2017, las farmacias facturaron al DOL-OWCP y a Blue Cross Blue Shield más de 145 millones de dólares y recibieron más de 90 millones de dólares por recetas innecesarias remitidas por Taba y otros proveedores médicos.
El 16 de noviembre de 2023, un jurado federal en el Distrito Norte de Texas condenó a Taba por todos los cargos de la acusación suplementada, que incluía un cargo de conspiración para cometer fraude en la atención médica y tres cargos de fraude en la atención médica.
USPS OIG, DOL-OIG, VA-OIG e IRS Criminal Investigation investigaron el caso.
El Abogado de Juicio Ethan Womble y la Jefa Adjunta en Funciones Catherine Wagner de la Sección de Fraude de la División Criminal procesaron el caso.
La Sección de Fraude lidera los esfuerzos de la División Criminal para combatir el fraude en la atención médica a través del Programa de Fuerza de Trabajo contra el Fraude en la Atención Médica. Desde marzo de 2007, este programa, que actualmente comprende ocho fuerzas de trabajo que operan en distritos federales en todo el país, ha acusado a más de 6.200 acusados que colectivamente facturaron a los programas federales de atención médica y a las aseguradoras privadas más de 45 mil millones de dólares. Además, los Centros de Medicare y Medicaid, en colaboración con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, están tomando medidas para responsabilizar a los proveedores por su participación en esquemas de fraude en la atención médica. Puede encontrar más información en www.justice.gov/criminal-fraud/health-care-fraud-unit.
