El rechazo de una aseguradora a una clienta debido a una discrepancia en su firma ha derivado en una denuncia ante el Defensor de los Derechos, quien considera que se le está negando su capacidad legal de manera discriminatoria.
La denegación del ejercicio de la capacidad jurídica a una persona únicamente por motivos de discapacidad constituye una práctica discriminatoria, según recuerda este acuerdo amistoso publicado por el Defensor de los Derechos en febrero de 2025.
En este caso particular, la Sra. X, quien es ciega y reside en el departamento del Bajo Rin, solicitó a su aseguradora en octubre de 2024 el rescate, es decir, la cancelación para obtener el reembolso total de las cantidades aportadas y las posibles ganancias, de un contrato de seguro de vida suscrito en diciembre de 1999. Para ello, devolvió el formulario, transmitido por su asesora patrimonial, firmado a mano.
Sin embargo, los servicios de la aseguradora solicitaron a la asesora que verificara la conformidad de la firma de su clienta. “En efecto, la firma que figura en el documento recibido es diferente a la de la solicitud de adhesión o al espécimen de firma. En caso contrario, le solicitamos que nos devuelva una nueva solicitud firmada…”
