“Mientras el Gobierno exhibe indicadores macroeconómicos, se observa un creciente endeudamiento familiar en los barrios. Un número cada vez mayor de argentinos recurre a tarjetas de crédito, préstamos informales o financiamiento para cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios básicos y alquileres. El ajuste económico no se ha disipado, sino que se traslada directamente al bolsillo de los ciudadanos, manifestándose como una deuda cotidiana”, señaló la legisladora nacional.
Tras la presentación del informe del presidente Javier Milei durante la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso el 1º de marzo, la diputada nacional Marianela Marclay expresó fuertes críticas, argumentando que “el Gobierno celebra resultados presentados en hojas de cálculo, mientras que millones de argentinos experimentan el impacto del ajuste en su vida diaria”.
“En su discurso, el presidente Milei hizo referencia al equilibrio fiscal, pero omitió mencionar que este equilibrio se sustenta en la reducción de jubilaciones frente a la inflación, la falta de financiamiento para las universidades, la incertidumbre en torno a las prestaciones por discapacidad y la disminución de los derechos laborales”, afirmó la legisladora.
Marclay recordó que en los últimos años se vetaron iniciativas legislativas destinadas a la recomposición de los haberes jubilatorios, a garantizar el financiamiento de la educación superior y a declarar la emergencia en materia de discapacidad, vetos que, según ella, han tenido consecuencias tangibles.
En relación con el sistema previsional, sostuvo: “No se puede hablar de orden económico cuando los adultos mayores se ven obligados a elegir entre adquirir medicamentos o alimentos. Un superávit fiscal no puede construirse a expensas de esta realidad”.
Respecto a la universidad pública, enfatizó que “no representa un gasto, sino una inversión en desarrollo y movilidad social, especialmente en las regiones del interior del país”. En cuanto a la reforma laboral, advirtió que “flexibilizar las regulaciones no implica modernización, sino un debilitamiento de los derechos laborales ya conquistados”.
También se opuso a la reducción de la edad de imputabilidad penal, argumentando que “la inseguridad no se resuelve criminalizando a los adolescentes, sino invirtiendo en educación, prevención y oportunidades”.
La diputada añadió que un aspecto fundamental ausente en el discurso presidencial fue la creciente deuda de las familias argentinas. “Mientras el Gobierno destaca indicadores macroeconómicos, en los barrios se observa un aumento del endeudamiento familiar. Cada vez más argentinos recurren a tarjetas de crédito, préstamos informales o financiamiento para cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios básicos y alquileres. El ajuste no desaparece, sino que se traslada al bolsillo de la gente y se convierte en deuda cotidiana”, reiteró.
Finalmente, Marclay concluyó con una evaluación política de la situación actual del país: “Un país no se evalúa únicamente por su superávit fiscal, sino por la calidad de vida de sus jubilados, trabajadores y jóvenes. Si el equilibrio económico se logra a costa de los derechos sociales, no se trata de orden, sino de retroceso. Ante este retroceso, nuestra responsabilidad es proponer una alternativa que priorice a las personas”.
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