EDINBURG — La Corte Suprema de Texas analizó hasta qué punto el estado puede limitar el acceso a una playa pública durante los argumentos orales del jueves en un caso relacionado con el cierre de Boca Chica Beach por los lanzamientos de cohetes de SpaceX.
Grupos ambientalistas y pueblos indígenas del Valle del Río Grande están demandando a la Oficina General de Tierras de Texas y al condado de Cameron por una ley, aprobada en 2013, que permite a algunos condados cerrar temporalmente una playa para actividades de vuelo espacial.
La demanda es una de varias presentadas a lo largo de los años entre defensores locales y SpaceX, a medida que la compañía de exploración espacial ha continuado expandiendo su presencia física y la frecuencia de sus lanzamientos de cohetes en el sur de Texas. Los activistas argumentan que ambas acciones han causado daños al medio ambiente local y han impedido el acceso público a una playa que debe cerrarse por seguridad cuando SpaceX está realizando sus lanzamientos de prueba.
El año pasado, la Administración Federal de Aviación autorizó a SpaceX a lanzar cohetes hasta 25 veces al año, un aumento con respecto a las cinco veces al año que previamente se le permitía. Estos lanzamientos implican el cierre de aproximadamente 8 millas de playa adyacente a la plataforma de lanzamiento de SpaceX.
Los abogados que representan a los grupos —Save RGV, Sierra Club y la Tribu Carrizo/Comecrudo de Texas— se centraron en la Enmienda de Playas Abiertas a la Constitución de Texas, que otorga al público un derecho irrestricto a usar las playas públicas.
El estado, sin embargo, argumentó que la enmienda no garantizaba el acceso de cada persona a todas las playas de la costa del Golfo en todo momento.
“Es un derecho más limitado”, dijo Beth Klusmann, subprocuradora general de la Oficina del Procurador General de Texas. “La cuestión, por supuesto, es cuáles son esos límites.”
Klusmann argumentó que toda propiedad está sujeta al poder policial válido de Texas y que la ley de 2013 —la Ley 2623 de la Cámara de Texas— se enmarcaba dentro de ese poder porque tiene como objetivo proteger a las personas durante los lanzamientos de cohetes y promueve el interés del estado en la industria espacial.
Los jueces cuestionaron a Klusmann sobre lo que constituiría una restricción excesiva del acceso a la playa, a lo que ella respondió que una eliminación total del acceso a la playa sería una violación de la Constitución.
El juez Evan A. Young preguntó si sería excesivo que el estado restringiera el acceso a la playa durante 365 días al año debido a los lanzamientos de SpaceX.
“Creo que 365 días probablemente excederían el poder policial en este caso, dado el claro interés del pueblo en promulgar esta enmienda y plasmarla en la Constitución, pero no estamos cerca de 365 días”, dijo Klusmann.
El tribunal también preguntó por qué el uso de “derecho irrestricto” en la Enmienda de Playas Abiertas, en lo que respecta al acceso público a la playa, no debería considerarse una limitación al poder policial de Texas. Klusmann señaló una opinión judicial anterior que afirmaba que el uso irrestricto de una propiedad no significaba que no estuviera sujeta al poder policial.
“Podría darle a alguien el uso irrestricto de mi patio trasero, pero las ciudades aún pueden venir y decir que no puede poner una gasolinera allí”, dijo.
La abogada Marisa Perales, quien representó a los grupos ambientalistas e indígenas, fue interrogada por los jueces sobre por qué consideraban inválido el uso de este poder policial a través de la Ley 2623.
Perales dijo que el propósito de la Enmienda de Playas Abiertas era proporcionar un derecho irrestricto de acceso a la playa, aunque reconoció que existen algunas limitaciones.
“¿Dónde está esa línea?”, preguntó la jueza Debra H. Lehrmann.
Perales no pudo especificar dónde estaría esa línea, pero dijo que las restricciones impuestas por el estado a través de la Ley 2623 no deberían permitirse porque los cierres de la playa se realizan para facilitar una actividad peligrosa que pone en peligro al público.
Pero Lehrmann sugirió que existen otras instancias en las que el gobierno podría llevar a cabo actividades peligrosas que deban estar fuera del alcance del público.
“Así que no creo que esa sea una respuesta suficiente”, dijo Lehrmann.
El juez Young preguntó si SpaceX solo realizara un lanzamiento al año, ¿sería el mismo su argumento. Perales dijo que su argumento, basado en el texto claro de la Constitución, sería el mismo.
Perales dijo que el texto simple también prohibiría que las fuerzas del orden estatales dirigieran un entrenamiento o simulación de un ataque a la playa que excluyera al público. Sin embargo, dijo que un análisis de si eso sería un ejercicio válido del poder policial podría aplicarse, permitiendo que continuara.
También hubo preguntas de los jueces sobre si los residentes privados tenían permitido presentar un desafío legal en este caso.
Un abogado que representa al condado de Cameron, James P. Allison, argumentó que la Ley de Playas Abiertas de la Constitución de Texas no creó un derecho de ejecución privado, lo que significa que los ciudadanos privados no deberían poder impugnar la ley.
El juez Jimmy Blacklock dijo que podría haber un argumento de que la falta de ejecución privada hace que la disposición sea inútil porque no se puede hacer cumplir. A lo que Sullivan respondió que eso era incorrecto porque las agencias estatales aún podrían presentar desafíos ante los tribunales.
Sin embargo, la jueza Jane N. Bland preguntó que si se alega que el estado ha violado la Constitución y el estado es el único que tiene derecho a hacer cumplir la ley, ¿cómo remediarían la violación de la Constitución por parte del estado?
Allison no respondió directamente a la pregunta, diciendo que solo podían aplicar el lenguaje de la Constitución.
Cuando se le preguntó si los gobiernos locales, como los condados, podrían demandar, Allison dijo que tendrían ese poder.
Sin embargo, Perales señaló que en este caso, el condado, junto con la GLO, fueron quienes impidieron el acceso a la playa y argumentó que un ciudadano privado puede demandar al gobierno para rectificar una violación constitucional.
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