Un incidente en Busan, Corea del Sur, ha generado controversia tras las acusaciones de acoso laboral contra el alcalde del distrito de Nam-gu, Oh Eun-taek, y un miembro de su equipo, por presionar indebidamente para la cancelación del contrato de un jardín de infancia específico. El sindicato laboral denunció estos hechos y, posteriormente, también presentó cargos por abuso de poder contra tres altos funcionarios de la alcaldía.
La situación se complicó aún más cuando la alcaldía de Nam-gu decidió cubrir los honorarios legales de estos funcionarios acusados, lo que ha provocado un nuevo debate sobre la equidad y el uso de fondos públicos. La investigación periodística fue realizada por Ha Young-kwang.
Según información obtenida por KNN, incluyendo grabaciones de audio reveladas, la policía ha iniciado una investigación sobre las presuntas exigencias del alcalde Oh Eun-taek y su secretario especial para cancelar el contrato del jardín de infancia. El sindicato también denunció al subalcalde y a otros dos funcionarios por presuntamente transmitir las instrucciones inapropiadas del alcalde, acusándolos también de abuso de poder.
KNN reveló que la alcaldía de Nam-gu celebró la semana pasada una reunión del comité de ajuste político donde se aprobó la financiación de los honorarios legales de los funcionarios implicados. La justificación dada fue que se trataba de una acción necesaria para el desempeño de sus funciones.
“La decisión de la alcaldía de Busan de financiar la defensa legal de altos funcionarios acusados de abuso de poder ha generado controversia en cuanto a la equidad”, se reportó.
El sindicato argumenta que es injusto que solo se brinde apoyo legal a un lado, ya que tanto los presuntos acosadores como las víctimas son empleados de la alcaldía. Además, durante el proceso de revisión de la solicitud de apoyo legal, se reveló la identidad de un empleado que había denunciado el acoso, lo que ha generado preocupaciones sobre una posible segunda victimización.
Un funcionario de la alcaldía de Nam-gu declaró: “El uso de fondos públicos para este tipo de apoyo plantea problemas de equidad, especialmente considerando que la víctima es también empleada de la alcaldía y no se han tomado medidas de protección adecuadas”.
Se informó que la aprobación del apoyo legal se realizó con el consentimiento de funcionarios de cierto rango, aunque algunos expresaron su incomodidad y la dificultad de oponerse a la decisión.
La alcaldía de Nam-gu emitió un comunicado indicando que la decisión de financiar la defensa legal se tomó después de una cuidadosa consideración por parte de los miembros del comité y que la divulgación de la denuncia se consideró inevitable durante el proceso de revisión. Asimismo, se comprometieron a recuperar los fondos en caso de una condena definitiva.
Sin embargo, las víctimas aún no han recibido medidas de protección, lo que ha llevado a críticas sobre un posible intento de proteger a los propios funcionarios.
KNN, Ha Young-kwang.
Filmación: Jeon Jae-hyun Edición de video: Kim Min-ji
