El gobierno suizo ha anunciado una reforma legal para endurecer las condiciones de adquisición de bienes raíces por parte de extranjeros. Según información difundida por Bloomberg el 16 de abril, se plantea cambiar el actual sistema por uno de autorización previa para la compra de viviendas por ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea ni a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
La medida también establece que quienes adquieran una propiedad en Suiza y posteriormente se muden al extranjero deberán venderla dentro de un plazo máximo de dos años. Asimismo, se reducirán los cupos por cantón para la adquisición de segundas residencias con fines turísticos y se restringirán las transacciones de inmuebles comerciales cuando el comprador tenga un perfil inversor.
Adicionalmente, se prohíbe a los extranjeros comprar acciones o participaciones en fondos de empresas inmobiliarias suizas. La iniciativa responde al aumento sostenido de la demanda de capitales foráneos, atraídos por la estabilidad financiera y la neutralidad política del país, lo que ha contribuido al alza de precios y al encarecimiento de los alquileres.
Según datos oficiales, en 2024 solo el 42 por ciento de los suizos era propietario de su vivienda, la tasa más baja de Europa. Este contexto de presión habitacional se da mientras se prepara un referéndum nacional previsto para junio, que decidirá si se fija un límite de diez millones de habitantes para el país.
