El gasto en salud en Francia ha crecido un 12,5% en cinco años, según un análisis de Contrepoints basado en datos oficiales. Entre 2019 y 2023, el presupuesto dedicado a organismos públicos y privados vinculados al bienestar de los ciudadanos aumentó de 227.000 millones a 255.000 millones de euros, un ritmo que supera la inflación general del país y eleva las dudas sobre la eficiencia de un sistema ya tensionado por listas de espera y desabastecimiento de medicamentos.
¿Qué organismos han visto el mayor aumento?
El informe destaca que el crecimiento no es uniforme. Mientras la Asociación Nacional para la Gestión del Riesgo Sanitario (ANGS) —encargada de coordinar emergencias— incrementó su presupuesto un 30%, otras estructuras como la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento (ANSM) recibieron un recorte del 8% en 2023, según cifras del Ministerio de Salud francés. «Hay una desconexión entre el discurso político sobre ‘más recursos para la salud’ y la realidad de cómo se distribuyen», explica el análisis, que señala que el 40% del aumento total benefició a fondos de investigación y organismos reguladores, no directamente a la atención primaria.
En el sector privado, las mutuas de salud (como Harmonie Mutuelle o MGEN) reportaron un alza del 15% en primas anuales entre 2022 y 2023, según datos de la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Este incremento se atribuye a la subida de precios en servicios especializados —como la fisioterapia (+18%) o la odontología (+22%)—, mientras los reembolsos del sistema público (Seguridad Social) se mantuvieron estancados.
¿Por qué preocupa este crecimiento?
El problema no es solo la cantidad, sino la falta de correlación con resultados. Francia gasta 12% de su PIB en salud (por encima de la media de la OCDE, que es del 10,5%), pero ocupa el 17º puesto en esperanza de vida entre los 38 países miembros, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). «El dinero fluye hacia estructuras burocráticas antes que hacia los hospitales o los médicos de cabecera», advierte el análisis, que cita un estudio de la Cour des Comptes (Tribunal de Cuentas francés) que reveló que el 35% de los fondos adicionales en 2022 se destinó a «gestión administrativa» en lugar de inversión en infraestructura.
Además, el aumento de costes ha llevado a un fenómeno conocido como «inflación de servicios«, donde pacientes y asegurados pagan de su bolsillo por tratamientos que antes eran cubiertos. Según la Drees (Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadísticas), el gasto out-of-pocket per cápita creció un 25% en dos años, afectando especialmente a familias con ingresos medios.
¿Qué dice el gobierno?
El Ministerio de Salud francés, citado por Contrepoints, atribuye el incremento a «la respuesta a crisis sanitarias como la COVID-19 y el envejecimiento de la población«. Sin embargo, no detalla cómo se traduce esto en mejoras tangibles para los ciudadanos. En un comunicado, la portavoz del gobierno, Élisabeth Moreno, aseguró que «los fondos se asignan según prioridades sanitarias«, aunque no proporcionó desgloses específicos de los presupuestos por área.
Mientras, la oposición —representada por el partido Rassemblement National (RN)— ha criticado la opacidad en la asignación. «No se trata de más dinero, sino de transparencia y eficiencia«, declaró la diputada Marine Le Pen en un tuit eliminado tras su publicación, donde señalaba que «Francia podría ahorrar 20.000 millones al año si se eliminaran duplicidades entre organismos».
La Federación Médica Francesa (FMF), por su parte, advierte que el problema no es la falta de recursos, sino su distribución desigual. «Tenemos hospitales saturados y médicos que abandonan la profesión, pero fondos que se pierden en trámites burocráticos», declaró su presidente, Dr. Patrick Bouet, en una entrevista publicada el mes pasado. La FMF exige un auditoría independiente sobre el uso de estos presupuestos.
¿Qué pasa con la atención primaria?
Paradójicamente, el área más afectada por la falta de recursos es la atención primaria, donde el 60% de los franceses reporta dificultades para conseguir cita con su médico de cabecera, según una encuesta de OpinionWay realizada en 2023. Mientras los grandes hospitales y centros de investigación reciben aumentos presupuestarios, las clínicas rurales —que atienden al 30% de la población— ven recortes en subvenciones.
El caso de los centros de salud comunitarios es revelador: entre 2020 y 2023, el número de estos centros se redujo un 12% (de 1.200 a 1.050), según datos de la Assurance Maladie. «La descentralización prometida nunca llegó a las zonas más necesitadas», denuncia un informe de la Mairie de Paris, que señala que el 70% de los cierres afectaron a departamentos rurales.
En respuesta, el gobierno anunció en marzo un plan de 1.000 millones de euros para reclutar médicos en zonas despobladas, pero hasta ahora solo se han cubierto el 30% de las plazas previstas, según la Orden de Médicos de Francia.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Ante la falta de claridad en las políticas públicas, los franceses han recurrido a soluciones individuales. Según un estudio de YouGov, el 42% de los encuestados ha cambiado de mutua de salud en los últimos dos años para reducir costes, mientras que el 28% ha pospuesto tratamientos no urgentes. «Es una señal de alerta: la gente ya no confía en que el sistema los proteja», señala el análisis de Contrepoints.
Organizaciones como Médecins du Monde han lanzado campañas para orientar a pacientes sobre cómo reclamar reembolsos no cubiertos por la Seguridad Social. «Muchos no saben que pueden solicitar la devolución del 30% en medicamentos no incluidos en la lista oficial», explica su directora, Dr. Sophie Marceau, en un vídeo promocional publicado en redes sociales.
¿Qué dice la oposición?
El partido La France Insoumise (LFI) ha sido el más crítico con la gestión de fondos. En un informe presentado en la Asamblea Nacional, su portavoz económico, Thomas Portes, denunció que «el 60% del aumento presupuestario se destina a lobbies farmacéuticos y aseguradoras«, citando un estudio de la ONG Transparency International que identificó 12 contratos millonarios adjudicados a empresas vinculadas a políticos.
Por su parte, el Partido Socialista (PS) propone crear un «fondo único de salud» que centralice todas las asignaciones, evitando solapamientos. «El problema no es la falta de dinero, sino la opacidad en su uso», declaró su líder, Olivier Faure, en una entrevista a France Info.
El gobierno, en cambio, defiende que los aumentos responden a «la complejidad del sistema«. «No es fácil gestionar 255.000 millones sin duplicidades, pero cada euro se audita», aseguró el ministro de Salud, François Braun, en una rueda de prensa el pasado mes de mayo.
¿Qué pasa en otros países?
Francia no es el único caso. Según la OCDE, países como Alemania y Suecia han logrado contener el crecimiento de gastos en salud con mecanismos de fijación de precios para medicamentos y servicios. Mientras Francia gastó 12.500 euros per cápita en 2023, Alemania invirtió 7.200 euros con resultados similares en esperanza de vida (81 años vs. 82,5 años en Suecia).
El modelo sueco, basado en copagos limitados y atención primaria reforzada, ha sido citado por expertos como el Dr. Jean de Kervasdoué —exasesor del Ministerio de Salud francés— como un referente. «El problema de Francia es que prioriza lo urgente sobre lo preventivo«, explicó en un artículo para Le Figaro.
Sin embargo, adaptar estos modelos no sería sencillo. «La burocracia francesa hace que cualquier reforma tarde una década en implementarse», advierte un informe de la Comisión Europea sobre sistemas de salud en la UE.
¿Qué sigue?
El debate está servido. Mientras el gobierno insiste en que los fondos se asignan con criterios técnicos, la oposición y los colectivos médicos exigen transparencia y reorientación. La próxima prueba será el presupuesto de 2025, que se presentará en otoño. Según fuentes parlamentarias, ya hay tensiones entre ministerios sobre cómo distribuir los 260.000 millones de euros previstos.
Lo cierto es que, mientras los números siguen subiendo, los franceses —especialmente los más vulnerables— siguen pagando el precio. «No es una cuestión de dinero, sino de voluntad política», resume el análisis de Contrepoints, que concluye: «Sin cambios estructurales, la inflación en salud seguirá ahogando al sistema.»
