El presidente de Nicaragua anuncia el fin de los procesos electorales en el país
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró el domingo que el país no celebrará más elecciones. Durante la ceremonia oficial que conmemoró el 47º aniversario de la revolución sandinista de 1979, el mandatario de 80 años afirmó que su gobierno no permitirá que la oposición utilice las urnas para intentar acceder al poder.
Consolidación del poder y reformas legislativas
Ortega, quien ha gobernado Nicaragua desde 2007 tras un mandato previo en la década de 1980, anunció que colaborará con la Asamblea Nacional —institución bajo su control— para promulgar leyes destinadas a establecer un “muro” o barrera contra lo que denominó “golpistas” y “traidores”. Según el mandatario, estas medidas legales son necesarias para impedir que los partidos, a quienes tildó de estar instalados por Estados Unidos, vuelvan a ejercer influencia política.
Este anuncio ocurre tras una serie de reformas constitucionales impulsadas por el ejecutivo que entraron en vigor en febrero de 2025. Dichos cambios eliminaron la independencia de los poderes del Estado y extendieron el mandato presidencial de cinco a seis años. Como resultado de esta modificación, las elecciones generales, que originalmente estaban previstas para noviembre de 2027, han sido efectivamente canceladas.
La estructura del régimen: el modelo de “co-presidencia”
Analistas internacionales señalan que este anuncio representa un escalamiento en la retórica del régimen. Tiziano Breda, analista senior para América Latina de la organización ACLED, indicó que Ortega y Murillo han optado por eliminar la competencia electoral en lugar de organizar procesos amañados, sugiriendo un temor ante cualquier apertura política que permita manifestar el disenso.
Contexto de represión y derechos humanos
La situación política en Nicaragua ha estado marcada por el cierre de espacios democráticos desde las protestas masivas de 2018. Según datos de las Naciones Unidas, la represión gubernamental contra dichas movilizaciones resultó en la muerte de más de 300 personas. Desde entonces, el gobierno ha clausurado miles de organizaciones civiles, medios de comunicación y ha despojado a cientos de ciudadanos de su nacionalidad y bienes.
Actualmente, el país mantiene a decenas de personas privadas de libertad por razones políticas. Organismos como el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas estiman que al menos 46 individuos permanecen encarcelados, aunque el gobierno nicaragüense niega la existencia de presos políticos. La reciente muerte de un activista bajo custodia y la detención previa de figuras como el líder indígena y congresista Brooklyn Rivera han sido condenadas por organizaciones internacionales y múltiples exmandatarios iberoamericanos.
Reacciones internacionales y el futuro del país
La postura de Ortega choca directamente con la política de Washington y otros gobiernos internacionales, que han condicionado cualquier resolución a la crisis nicaragüense al restablecimiento de la democracia y la celebración de elecciones libres bajo observación internacional. Durante su discurso, Ortega criticó duramente a Estados Unidos, mencionando el operativo de enero que resultó en la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien describió como un aliado.
A pesar de que el gobierno ha liberado en años anteriores a cientos de activistas, líderes religiosos y políticos, enviándolos al exilio, el anuncio del domingo confirma la voluntad del Ejecutivo de mantener un control absoluto. Para figuras como Danny Ramírez Ayérdiz, abogado y fundador del Centro Interamericano de Asistencia Jurídica en Derechos Humanos, esta decisión revela la consolidación de una dictadura que, sin reparos, busca perpetuarse en el mando frente a cualquier exigencia de cambio democrático.
Sources: Theguardian, AP News.
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