La Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el ocultamiento de videos de seguridad y destrucción de evidencias clave sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
El caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos ha dado un giro político con la captura de Ángel Aguirre Rivero, quien gobernaba el estado de Guerrero durante la noche de los ataques en Iguala.
Las grabaciones del Palacio de Justicia y el testimonio clave de enero y mayo de 2026
El eje central de la nueva acusación gira en torno al material videográfico captado en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala. Durante las primeras etapas de las indagatorias, las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República argumentaron que las cámaras identificadas con los números 12 y 15 no habían registrado imágenes debido a fallas técnicas en el sistema.
Sin embargo, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, reveló que las investigaciones recientes desmentían esa versión. En enero de 2026, un testigo colaborador aportó información que confirmaba la existencia real de las grabaciones, señalando que estas fueron sustraídas y entregadas a los círculos cercanos al entonces mandatario estatal tras recibir amenazas que lo obligaron a callar durante años.
Meses después, en mayo de 2026, un segundo testigo protegido reforzó la hipótesis ministerial al declarar que Aguirre Rivero ordenó de manera directa destruir y ocultar cualquier evidencia en una reunión celebrada con mandos de alto nivel de su gobierno.
La secuencia del autobús Estrella de Oro 1531 frente al Palacio de Justicia
La reconstrucción cronológica elaborada por la Fiscalía y respaldada por peritajes independientes sitúa al autobús Estrella de Oro 1531 como el epicentro de los acontecimientos de aquella noche del 26 de septiembre de 2014. El vehículo formaba parte de un convoy de cinco unidades tomado por los estudiantes en la terminal de Iguala antes de ser interceptado por la policía municipal.
Las cámaras exteriores del Palacio de Justicia habrían grabado toda esta secuencia de agresiones y traslados.
Reacciones de las familias de los normalistas y de las fuerzas políticas
Organizaciones civiles y los padres de los estudiantes emitieron un posicionamiento conjunto a través de los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez, Serapaz y Fundar. Indicaron que aún no han sido notificados oficialmente sobre los detalles de la imputación, pero señalaron que si las acusaciones son sólidas, el proceso judicial podría saldar una deuda histórica de justicia.
Por su parte, el partido Morena emitió un comunicado en el que respaldó las acciones de la FGR, vinculando la detención con la demanda constante de verdad que las familias han sostenido durante más de una década frente a las versiones oficiales del pasado régimen priista, las cuales fueron calificadas por el partido como intentos de encubrimiento institucional.
El exgobernador enfrenta ahora cargos formales por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias ministeriales rumbo al décimo segundo aniversario de los hechos en septiembre.
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