Indonesia habla con fluidez sobre la transición energética, pero sus acciones cuentan otra historia. En la cumbre del G20 celebrada en Río a finales de 2024, el presidente Prabowo Subianto se comprometió a retirar todas las plantas de energía alimentadas por carbón y combustibles fósiles dentro de un plazo de quince años. Sin embargo, pocos días después, su principal enviado matizó esa afirmación, aclarando que la intención de Yakarta era únicamente “reducir gradualmente” el uso del carbón, no eliminarlo por completo. Esta pequeña rectificación lingüística revela gran parte de la realidad: el país ha aprendido a hablar el lenguaje de la transición mientras continúa construyendo la infraestructura del bloqueo al carbono.
Los datos son contundentes. Indonesia añadió el tercer mayor volumen de capacidad de carbón del mundo en 2024, llevando su parque total a 54,7 gigavatios, el quinto más grande a nivel global, con otros 26,7 GW planificados para 2030. El carbón sigue suministrando alrededor del 68 por ciento de la electricidad nacional, mientras que las energías renovables alcanzaron apenas el 13,9 por ciento a finales de 2024, quedando incluso por debajo del objetivo revisado de entre el 17 y el 19 por ciento para 2025. La meta original de alcanzar el 23 por ciento de renovables para 2025 ha sido pospuesta silenciosamente hasta 2030. Cuando un gobierno sigue moviendo las metas, deja de preguntarse si las alcanzará y empieza a dudar si aún está jugando el mismo juego.
La contradicción más aguda se encuentra en lo que los expertos en política denominan “carbón cautivo”: plantas construidas para alimentar zonas industriales privadas en lugar de la red pública. Estas instalaciones abastecen principalmente a fundiciones de níquel. La capacidad de carbón cautivo se cuadruplicó casi entre 2019 y 2025, pasando de 5,5 GW a casi 20 GW.
