La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, pagó una fianza de 360.000 pesos filipinos el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Tribunal de Primera Instancia de Ciudad Quezón, tras emitirse una orden de arresto en su contra por presuntas amenazas de asesinato dirigidas contra el presidente Ferdinand Marcos Jr. y otras dos personas.
La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, compareció ante la justicia este sábado tras liberarse una orden de captura en su contra a finales de la semana. Vestida de negro, la mandataria salió del Tribunal de Primera Instancia de Ciudad Quezón, en el área metropolitana de Manila, donde fue recibida por simpatizantes que coreaban su nombre y abrazó a una seguidora visiblemente conmovida, según documentaron los registros de la agencia Associated Press.
La situación judicial añade un nuevo capítulo a la confrontación política que divide a las principales dinastías del archipiélago asiático.
Cargos por amenazas graves y fianza en el tribunal de Ciudad Quezón
Los cargos formales derivan de una conferencia de prensa en línea realizada en el año 2024, durante la cual Duterte declaró que tendría a un sicario para atentar contra la vida del presidente Ferdinand Marcos Jr., la esposa del mandatario y el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, en caso de que ella misma fuera asesinada.
Paul Lawrence Lim, uno de los abogados defensores, explicó que el personal del tribunal tomó las huellas dactilares de la funcionaria y confirmó el pago del monto requerido para evitar la prisión preventiva.
Impacto político y el juicio político en marcha en el Senado
Más allá de las consecuencias penales a corto plazo —que contemplan condenas máximas de hasta seis meses de cárcel por los cargos de amenazas—, el proceso judicial se cruza con un escenario de destitución en el ámbito legislativo.
Una condena firme en el juicio político o en los tribunales ordinarios podría inhabilitar a la funcionaria de forma permanente para ejercer cargos públicos. Esto truncaría sus aspiraciones de postularse a la presidencia en los comicios previstos para 2028, año en el que concluye el mandato presidencial de seis años de Marcos Jr.
Sara Duterte, Vicepresidenta de Filipinas, pidió que, de ser posible, la acompañaran, debido a que no se sentía segura con todo ese personal policial que estaba hostigando a las personas en su hogar y que la venía acosando desde 2023.
Ruptura de dinastías y antecedentes internacionales
La crisis actual subraya el profundo quiebre de la alianza formada para las elecciones de 2022, comicios en los que Marcos y Duterte unieron el respaldo de dos de las familias con mayor peso político en el archipiélago. La ruptura se profundizó cuando la vicepresidenta renunció a su puesto como secretaria de Educación y abandonó el Gobierno.
El trasfondo familiar también incluye la situación de su padre, el expresidente Rodrigo Duterte. Este último se encuentra detenido bajo custodia de la Corte Penal Internacional en La Haya, a la espera de un juicio programado para el final de noviembre de 2026 por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la campaña antidrogas desarrollada durante su gestión presidencial.
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