La administración del presidente Donald Trump propuso el 9 de septiembre de 2026 modificar el censo nacional de Estados Unidos para excluir a los no ciudadanos sin tarjeta de residencia permanente, un cambio que podría afectar la representación en el Congreso, los votos electorales y la distribución de fondos federales para 2030.
El plan del gobierno federal busca transformar la manera en que se procesan los resultados demográficos para el próximo conteo nacional que se realizará en 2030, según los detalles publicados en línea por la Oficina del Censo de Estados Unidos. La iniciativa plantea una exclusión sin precedentes de los residentes que no posean una tarjeta de residencia permanente, conocida como green card, de un conjunto clave de cifras destinadas a la asignación de escaños legislativos.
La medida generó una rápida reacción entre expertos en demografía y defensores de derechos civiles. Meeta Anand, directora sénior del programa de censo y equidad de datos en la Leadership Conference on Civil and Human Rights, advirtió sobre el alcance de la propuesta a través de la agencia Reuters.
Anand explicó que las modificaciones podrían dejar a ciudades y estados con altas poblaciones de inmigrantes con fondos federales insuficientes y una representación política disminuida, lo que alteraría la precisión de las decisiones políticas y comerciales basadas en estas estadísticas.
Modificaciones en las preguntas sobre raza, etnia y orientación sexual
Investigadores y defensores advierten que esta supresión pondría en peligro los datos federales empleados para la redistribución de distritos electorales y la aplicación de la ley de derecho al voto.
El plan también contempla prohibir cualquier interrogante relacionada con la orientación sexual. Aunque los formularios previos no consultaban directamente sobre este aspecto, el censo de 2020 solicitó a las parejas que cohabitaban que describieran su relación como del mismo sexo o de sexo opuesto.
El trasfondo constitucional y los antecedentes políticos
La propuesta llega pocos meses antes de la fecha límite del 1 de abril, momento en el cual la agencia debe enviar al Congreso un informe con los temas propuestos para el censo de 2030, dado que el poder legislativo posee la autoridad constitucional final sobre el proceso. Las tensiones en torno al recuento poblacional se intensificaron tras una publicación en redes sociales realizada por el presidente Trump en agosto de 2025, en la que ordenó iniciar los trabajos para un censo que dejara fuera a los residentes sin estatus legal.
Durante su primer mandato, la administración anterior intentó incorporar una pregunta sobre la ciudadanía en el ceston de 2020, una iniciativa que The Washington Post recuerda fue bloqueada por la Corte Suprema al considerar que el gobierno aportó una justificación considerada prefabricada. La Constitución estadounidense establece en su Enmienda 14 que la representación política debe basarse en el número total de personas en cada estado, un mandato que históricamente ha incluido a la totalidad de los habitantes independientemente de su situación migratoria.
Procesos legales y próximos pasos en el debate público
El debate actual se desarrolla en paralelo a litigios impulsados por estados controlados por el Partido Republicano, como Missouri, donde se demanda que los residentes sin estatus legal y aquellos con visados de no inmigrante sean retirados de las cifras oficiales. Opositores a la medida señalan que esto desplazaría el poder político desde zonas urbanas más jóvenes y diversas hacia áreas rurales de mayor edad y población predominantemente blanca.
La propuesta gubernamental permanecerá abierta a comentarios públicos durante un periodo de treinta días. Mientras tanto, analistas y organizaciones comunitarias vigilan el impacto que estas discusiones puedan tener sobre la participación de las comunidades latinas, históricamente subcontabilizadas por las oficinas estadísticas federales.
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