La detención de un juez penal en Parral por parte de la Fiscalía Anticorrupción llevó al Poder Judicial de Chihuahua a deslindarse de los actos individuales investigados, mientras la institución ratificó su colaboración con las autoridades y su compromiso con la legalidad en el estado.
La reciente detención de un juez penal del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral, generó una postura oficial por parte del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Agentes de la Policía de Investigación capturaron al juez Manuel Jurado en el Centro de la capital del estado, luego de que la Fiscalía Anticorrupción ejecutara una orden de aprehensión en su contra por la presunta comisión de prevaricación agravada.
Ante estos hechos, la magistrada presidenta del Poder Judicial, Marcela Herrera Sandoval, enfatizó que los señalamientos legales corresponden estrictamente al ámbito personal y no reflejan la labor cotidiana del resto de los servidores públicos que integran la judicatura chihuahuense.
La postura institucional del Poder Judicial de Chihuahua
El posicionamiento institucional emitido tras el operativo policial recalcó el respeto irrestricto a las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes. Asimismo, la presidencia del tribunal manifestó su disposición para colaborar, dentro del ámbito de sus atribuciones.
La magistrada presidenta, Marcela Herrera Sandoval, señaló que “La conducta individual de una persona sujeta a una investigación o a un proceso no representa ni define el trabajo diario, la entrega y la integridad de las y los jueces, ni del personal jurisdiccional que integra el Poder Judicial del Estado de Chihuahua”. Añadió que, la credibilidad en la impartición de justicia se construye todos los días con el trabajo responsable de cientos de servidoras y servidores públicos que desempeñan su función con imparcialidad, profesionalismo y apego a la Constitución y a la ley.
El debido proceso y los mecanismos de vigilancia interna
El tribunal remarcó que cualquier señalamiento debe ser atendido por las autoridades competentes mediante los procedimientos establecidos en la legislación, con estricto respeto al debido proceso, las garantías constitucionales y la presunción de inocencia, hasta que exista una determinación firme de la autoridad correspondiente para determinar responsabilidades.
Para reforzar la vigilancia sobre el ejercicio jurisdiccional, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua mantiene vigentes mecanismos institucionales de evaluación, vigilancia, disciplina y profesionalización de quienes desempeñan funciones jurisdiccionales, como parte de una responsabilidad permanente frente a la sociedad. La actuación individual de cualquier integrante de la institución no debe confundirse con el desempeño del conjunto del Poder Judicial, integrado por mujeres y hombres que diariamente atienden y resuelven miles de asuntos en los distintos distritos judiciales del estado.
Implicaciones de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la investigación contra Jurado está relacionada con su actuación durante audiencias de modificación de medidas cautelares y que el caso no implica revisar la independencia judicial ni el sentido de las resoluciones, sino determinar si el juzgador incurrió en conductas para favorecer intereses particulares e indebidos.
En el marco de su Primer Informe de Labores, encabezado este miércoles por la magistrada presidenta Marcela Herrera Sandoval desde el Centro de Convenciones y Exposiciones mediante una sesión pública extraordinaria, se dio cuenta de los logros que la magistrada, junto a las demás magistradas y magistrados, así como jueces y juezas, han logrado en materia de impartición de justicia. En el evento estuvieron presentes alcaldes, fiscales de Distrito, legisladores, empresarios, académicos y personal del Poder Judicial, además de contar con la presencia honorífica del Pleno con el encargado de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto; Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, en representación de la gobernadora Maru Campos; Francisco Acosta como presidente del Tribunal de Disciplina Judicial; y Karla Esmeralda Reyes como presidenta del Órgano de Administración Judicial. El Poder Judicial concluyó con un principio fundamental: En Chihuahua, nadie está por encima de la ley
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