Un juez federal de Estados Unidos ordenó restablecer de inmediato las credenciales de prensa de CNN, MS NOW y Politico en la Casa Blanca tras determinar que la prohibición impuesta por el presidente Donald Trump probablemente violó los derechos constitucionales al debido proceso de los medios afectados.
La decisión judicial dictada este mes de septiembre de 2026 marca un nuevo capítulo en la prolongada disputa entre la administración del mandatario republicano y las principales organizaciones de noticias del país (France 24). Los medios habían acudido a los tribunales tras el veto anunciado por el Ejecutivo, argumentando que la medida atentaba directamente contra las garantías fundamentales de la Primera Enmienda.
El fallo del juez Timothy Kelly y la suspensión temporal del veto
Durante una audiencia urgente celebrada en Washington D. C., el juez sostuvo que el gobierno vulneró el debido proceso al retirar los pases de prensa sin una notificación previa ni la oportunidad de respuesta.
La «regla general» es que «las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive» de un interés protegido constitucionalmente.
Timothy Kelly, juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos
La resolución judicial establece que las acreditaciones deben devolverse de manera inmediata y que la medida cautelar permanecerá activa hasta que el tribunal emita una nueva resolución o hasta que expire el plazo legal fijado hasta el próximo 8 de octubre. El magistrado precisó además que su decisión no puede ser recurrida de forma inmediata (La Nación).
Justificación del gobierno y los argumentos sobre seguridad nacional
El conflicto legal se originó después de que la Casa Blanca impidiera el ingreso de los reporteros bajo el argumento de que los tres medios difundían noticias falsas
(El Siglo de Torreón). Abogados del Departamento de Justicia defendieron las restricciones iniciales al sostener que el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho.
Asimismo, en comunicaciones oficiales enviadas a los medios vetados, la administración invocó motivos de seguridad nacional (France 24).
Durante los debates judiciales, los representantes legales de los medios replicaron que tales alegaciones carecían de sustento en las publicaciones públicas del mandatario y que la motivación real era la censura por puntos de vista críticos. El juez Kelly coincidió con este escepticismo inicial, señalando que las dudas persistían sobre si la seguridad nacional constituía el verdadero trasfondo de la revocación de los pases permanentes (Radio Mitre).
Problemas de acceso y la respuesta institucional del gremio periodístico
Pese a la orden judicial emitida durante la madrugada, los periodistas de los medios afectados se encontraron con restricciones físicas en los accesos durante las primeras horas del jueves (La Nación). Politico denunció que el Servicio Secreto confiscó la credencial de uno de sus cronistas y le denegó la entrada al recinto presidencial (El Siglo de Torreón). Ante este incumplimiento reportado por la mañana, los abogados defensores solicitaron una audiencia de emergencia que obligó al Ejecutivo a dar explicaciones ante el tribunal antes del mediodía. Pasadas esas horas, los profesionales lograron ingresar a las instalaciones para retomar sus tareas informativas (Clarín).
El enfrentamiento provocó una amplia movilización dentro del gremio de la comunicación. Las cadenas afectadas respondieron inicialmente con un boicot a la cobertura audiovisual del presidente, mientras que numerosas organizaciones de prensa y agencias internacionales suscribieron comunicados de rechazo (Infobae). Entre las entidades firmantes en defensa de la libertad informativa se encuentran el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Associated Press, Agence France-Presse, EFE, Reuters, The New York Times —que además mantuvo restricciones en la difusión de fotos del pool de la Casa Blanca como medida de solidaridad— y The Washington Post (Infobae).
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