El desalojo de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años, ha desatado una ola de protestas en Madrid. La ejecución policial, ocurrida el 23 de septiembre tras un largo litigio con el fondo de inversión Urbagestión, aviva el debate sobre la crisis de vivienda en España y presiona al gobierno a legislar.
La indignación social por el acceso a la vivienda en España alcanzó un punto crítico esta semana, tras el operativo en el que la policía ejecutó el desalojo de María del Carmen Abascal en el barrio de Retiro. Abascal, de 87 años, residía en el mismo departamento de la calle del Alcalde Sainz de Baranda durante más de siete décadas, tras haber llegado al inmueble en 1956 mediante un contrato firmado por su padre.
Las imágenes de la anciana siendo sacada en camilla de su domicilio después de que los agentes derribaran la puerta provocaron una inmediata respuesta ciudadana. Mientras los simpatizantes coreaban su apodo, Abascal fue trasladada de urgencia a un hospital debido al agotamiento físico generado por el conflicto.
El conflicto por el alquiler controlado y la llegada de Urbagestión
El contrato de alquiler original de la familia estuvo protegido por un régimen de renta antigua y pasó a nombre de Abascal en 2005 tras el fallecimiento de sus padres. Sin embargo, la situación jurídica del piso cambió radicalmente en 2018, cuando el edificio quedó en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa dedicada a la gestión de activos inmobiliarios que los críticos denominan habitualmente como fondo buitre.
La propiedad exigió una modificación sustancial de las condiciones económicas del arrendamiento. Según la información difundida por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el fondo elevó el alquiler mensual de 500 euros a 2,650 euros. Aunque posteriormente la cifra se redujo a 1,650 euros, la cantidad seguía rebasando con creces la pensión de 1,350 euros que percibía la inquilina.
A pesar de que los tribunales bloquearon tres intentos previos de expulsión, el caso escaló hasta el Tribunal Supremo, el cual falló a favor de los propietarios al considerar que el alquiler controlado heredado ya había expirado legalmente.
Beatriz Duro, abogada de Abascal, expresó que no comprendía cómo se podía justificar priorizar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años.
Protestas masivas en Madrid y el desafío internacional para España
El desalojo funcionó como catalizador de un descontento acumulado ante la escasez de pisos y el encarecimiento generalizado del mercado inmobiliario. Decenas de miles de manifestantes recorrieron las calles de Madrid para exigir prohibiciones a los desalojos sin alternativa habitacional y mayores controles sobre los precios. Tras la marcha principal, cientos de personas instalaron tiendas de campaña y pasaron la noche acampadas en la Puerta del Sol.
El impacto del suceso trascendió las fronteras españolas y rozó el plano diplomático. Mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participaba en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York para abanderar políticas sociales, los periodistas lo cuestionaron sobre el caso de la anciana. Desde allí, Sánchez calificó lo sucedido como una tragedia social
.
Por su parte, Koldo Casla, Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, advirtió en una entrevista que España incumplió sus obligaciones internacionales. Según el relator, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había ordenado en junio medidas cautelares para suspender temporalmente el lanzamiento hasta resolver el fondo del asunto, un mandato que la justicia española vulneró.
Reacción institucional y el debate político ante las elecciones de 2027
El cruce de reproches entre administraciones no tardó en manifestarse. Sánchez culpó de la situación a la oposición conservadora y señaló directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Con vistas al Consejo de Ministros, el gobierno socialista prevé aprobar un paquete legislativo de urgencia centrado en la renovación automática de contratos de arrendamiento y nuevas limitaciones a las ejecuciones.
Desde su cama de centro médico, la propia Abascal envió un mensaje grabado que fue difundido por el Sindicato de Inquilinas para alentar la continuidad de las movilizaciones.
No lo he logrado defender mi casa.
María del Carmen Abascal
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