El desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con discapacidad que perdió su vivienda tras una subida de alquiler del 230% exigida por un fondo de inversión, ha desencadenado protestas masivas en Madrid y otras ciudades españolas, intensificando el debate nacional sobre la crisis de acceso a la vivienda.
Las imágenes de una mujer octogenaria sacada en camilla de su domicilio madrileño, rodeada por agentes antidisturbios y manifestantes, conmocionaron a la opinión pública española. El desahucio se ejecutó a pesar de los recursos judiciales interpuestos y de las peticiones de carácter humanitario presentadas por su defensa, según la cobertura difundida por la agencia Reuters.
El piso en cuestión está situado en el distrito de Retiro. Los datos recabados indican que el padre de la inquilina había alquilado el inmueble en 1956, manteniendo ella la condición de arrendataria tras el fallecimiento de sus padres bajo un régimen de protección de rentas. La situación cambió drásticamente tras la compra del edificio por parte del fondo de inversión Urbagestión en 2018.
El conflicto por el alquiler y la ejecución del desalojo en Retiro
El fondo de inversión incrementó la mensualidad desde los 500 euros originales hasta alcanzar los 2.650 euros. Aunque posteriormente la propiedad ofreció rebajar la cifra a 1.650 euros, la cantidad seguía siendo inaccesible para la inquilina, cuyo ingreso mensual consistía en una pensión de 1.350 euros, de acuerdo con los detalles detallados por la cadena británica BBC.
La abogada de la afectada, Beatriz Duro, denunció que los representantes de la propiedad y los funcionarios judiciales ignoraron las peticiones de suspensión y un recurso pendiente. Incluso se presentaron ofertas anónimas para asumir el pago del nuevo alquiler, pero la entidad propietaria rechazó firmar un contrato nuevo, según el análisis y reportes de la agencia de noticias.
Maricarmen Abascal declaró que ha vivido allí durante 71 años y que no se quiere marchar.
Minutos antes de que los servicios sociales y la policía la obligaran a marchar con lo estrictamente indispensable en un plazo de treinta minutos, la octogenaria resumió su arraigo al hogar del que finalmente fue extraída en camilla rumbo a una ambulancia.
La respuesta ciudadana y la presión sobre el mercado inmobiliario
El caso de la vecina de Retiro trascendió el ámbito judicial para convertirse en un símbolo de la desregulación del mercado de alquileres. Las movilizaciones se extendieron rápidamente por todo el país. En Madrid, una concentración inicial reunió a unas 10.000 personas, mientras que las protestas posteriores convocadas el fin de semana congregaron a cerca de 25.000 manifestantes según cálculos gubernamentales, quienes corearon consignas exigiendo la intervención del mercado y el cese de los desahucios sin alternativa habitacional, tal como reportó el diario The Guardian.
Los manifestantes también acamparon en la emblemática Puerta del Sol. Durante las protestas, colectivos de vivienda y ciudadanos recurrieron a consignas contra los fondos de inversión, entrelazando la crisis actual con reclamos estructurales sobre el acceso a la vivienda que llevan arrastrándose desde el movimiento social de los Indignados o 15-M.
Reacciones políticas y señalamientos cruzados en el Ejecutivo español
El impacto político del caso obligó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a calificar lo ocurrido como una tragedia social inaceptable y a prometer la adopción urgente de un paquete de medidas normativas.
Las tensiones políticas también han evidenciado la confrontación entre el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos. Mientras el bloque gubernamental defiende mayores restricciones al alquiler, las administraciones regionales de signo conservador apuestan por fórmulas de mercado. En medio de este clima, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enfrentó críticas adicionales de la oposición debido a la adquisición previa de un ático de lujo por valor de 6,3 millones de euros a través de una agencia pública, lo que generó consignas de los manifestantes en la calle vinculando ambos temas, según la cobertura de los medios en terreno.
Maricarmen Abascal aseguró, en declaraciones difundidas por el sindicato de inquilinos, que la situación actual refleja una crisis habitacional profunda que requiere medidas urgentes para proteger a los ciudadanos frente a los abusos del mercado inmobiliario.
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