Tropas salvadoreñas destruyeron el cuartel general y la residencia del líder de la banda 400 Mawozo en Croix-des-Bouquets durante una operación militar realizada el 8 de noviembre.
El despliegue de 2.000 soldados en Haití comenzó tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación militar de El Salvador en una emboscada perpetrada el 18 de octubre cerca de Puerto Príncipe.
El presidente Nayib Bukele afirmó a través de la red social X que sus fuerzas destruyeron la propiedad del dirigente Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, mediante ataques aéreos coordinados con helicópteros de combate.
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— Publicación de @nayibbukele en X
El operativo se desarrolló en un contexto donde el país caribeño arrastra una profunda crisis de violencia caracterizada por miles de secuestros reportados desde el año 2022 y un clima de inseguridad crónica que persiste desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
La intervención militar salvadoreña se produce paralelamente a la presencia de la Fuerza de Supresión de Bandas respaldada por la Organización de las Naciones Unidas, un contingente multinacional en el que también participan fuerzas de naciones como Chad.
Operación militar y tensión diplomática
El operativo del 8 de noviembre en Croix-des-Bouquets involucró tanto a la policía haitiana como a las tropas de El Salvador, utilizando helicópteros y recursos de un grupo de tareas de drones para golpear las estructuras de la organización criminal 400 Mawozo, conocida por su implicación en secuestros y extorsiones, incluidos episodios previos con rehenes extranjeros.
Reportes de prensa indicaron que la incursión dejó una veintena de fallecidos en la zona.
Beladè, Viv Bukele ! pic.twitter.com/9h1yOgZruy
— Publicación de @Master_Bean1 en X
Las acciones de las fuerzas salvadoreñas generaron fricciones diplomáticas con representantes internacionales. David Howell, encargado de negocios de Estados Unidos, transmitió en un mensaje de texto dirigido al primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé su preocupación por la falta de coordinación de los efectivos de El Salvador con la fuerza respaldada por la ONU, advirtiendo sobre el riesgo de incidentes de fuego cruzado que afectaran a civiles o tropas aliadas.
El gobierno de El Salvador rechazó categóricamente tales señalamientos y acusó a los diplomáticos de difundir información incorrecta sobre los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones de la embajada estadounidense y las posiciones de los contingentes de Chad.
El respaldo político externo también ha contado con el visto bueno del presidente estadounidense Donald Trump, quien indicó a su homólogo salvadoreño que debía actuar conforme a sus necesidades operativas.
Reacciones comunitarias y debate político
Las muestras de apoyo popular se han multiplicado en redes sociales mediante videos institucionales y de simpatizantes que aplauden la llegada de los contingentes militares al estilo de las medidas de seguridad aplicadas en El Salvador.
Pèp Grandans Haiti an sipò de Prezidan Bukele 🇭🇹🇸🇻 pic.twitter.com/DOTjxmFM4m
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Por otro lado, la intervención ha provocado cuestionamientos y advertencias por parte de organismos internacionales y analistas. Amnistía Internacional exigió a los gobiernos de El Salvador y Haití que hagan público el acuerdo que ampara la presencia militar y que garanticen investigaciones independientes ante cualquier violación de derechos humanos, advirtiendo sobre los riesgos de replicar métodos sin una supervisión rigurosa.
Especialistas en seguridad y observadores locales han señalado que el despliegue responde también a los cálculos políticos internos de Bukele de cara a los próximos comicios presidenciales, mientras sectores de la población nacional debutan en medio de la polarización sobre la utilidad y los costos económicos de financiar una operación militar de gran envergadura en el extranjero.
“Among gang leaders like General Barbecue there is a real concern about Bukele's no-nonsense approach to gang leaders like General Barbecue" pic.twitter.com/ZgWrGyW6iu
— Publicación de @nayibbukele en X
Organizaciones civiles y expertos reiteran que, aunque existe un sector de la ciudadanía hastiado por la violencia extrema y favorable a la intervención de una figura de autoridad drástica, persisten dudas profundas sobre la sostenibilidad financiera, el estatus legal de las tropas que operan fuera del mandato estricto de la ONU y las consecuencias humanitarias de una estrategia de combate frontal en zonas densamente pobladas.
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