La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este martes a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio. Rodríguez admitió que la normativa, aprobada en 2017 y utilizada históricamente para perseguir a opositores y periodistas, sufrió un uso abusivo.
Solicitud de reforma urgente y despenalización de conductas
A través de una carta fechada el lunes y difundida este martes en su canal de Telegram, Delcy Rodríguez pidió al titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, tramitar una modificación parcial de la denominada ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’ con carácter de urgencia. La mandataria encargada sostuvo que la iniciativa busca avanzar en la despenalización de las conductas previstas
dentro de la legislación, presentándola como parte de las acciones gubernamentales orientadas a transformar el sistema judicial y fomentar la convivencia democrática en el país suramericano.
En un acto público celebrado con caficultores en el estado Portuguesa, Rodríguez reconoció abiertamente las irregularidades cometidas en la implementación de la normativa durante los últimos años.
Pese a las críticas generalizadas sobre su impacto punitivo, la funcionaria defendió el espíritu original del texto legislativo. Subrayó que cree firmemente en la tolerancia y en el afecto mutuo como bases para evitar la imposición del odio en la sociedad, según el reporte de su intervención en Portuguesa.
Origen y consecuencias de una norma aprobada en 2017
La legislación en cuestión fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano de control chavista que operaba en paralelo al Parlamento de mayoría opositora. Su instauración respondió a una solicitud explícita del entonces mandatario Nicolás Maduro para frenar los mensajes que, según el oficialismo, alimentaron las protestas antigubernamentales que sacudieron la nación entre abril y agosto de ese mismo año.
Desde su promulgación, la norma fijó condenas de hasta dos décadas de prisión para los delitos tipificados de odio, además de sanciones administrativas y el bloqueo de portales informativos. Organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos denunciaron de forma constante que el articulado funcionaba como un mecanismo de represión política.
Reacciones de la oposición, sindicatos y el Parlamento de 2015
La Asamblea Nacional elegida en 2015 emitió un pronunciamiento oficial en el que calificó la iniciativa como un paso dentro de los procesos de diálogo orientados a lograr elecciones libres y restaurar las garantías democráticas.
No obstante, la recepción estuvo marcada por la desconfianza. Voceros de la disidencia política exigieron la anulación total de la normativa en lugar de una simple modificación parcial. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa rechazó la propuesta de reforma al señalar que el texto legal causó la destrucción de numerosas familias y exigió la liberación inmediata de los presos políticos, civiles y militares.
En la misma línea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa advirtió que la supresión de las penas privativas de libertad resulta insuficiente si se mantienen vigentes los articulados que posibilitan castigos administrativos y restricciones a la labor informativa de los medios de comunicación.
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