BALTIMORE, MD – El Fiscal General Anthony G. Brown lideró una coalición de 24 fiscales generales y dos gobernadores en la presentación de una carta oponiéndose a una norma propuesta bajo la Ley “One Massive Beautiful Bill” (H.R. 1) del Departamento de Educación de los Estados Unidos. La norma limitaría los préstamos estudiantiles federales para estudiantes de posgrado en enfermería, asistencia médica y otros campos de la salud, una medida que podría agravar la escasez de profesionales sanitarios en todo el país.
La Ley H.R. 1 limitó recientemente la cantidad de préstamos estudiantiles federales que los estudiantes de posgrado pueden pedir prestado a $20,500 por año y $100,000 en total. Sin embargo, los estudiantes que cursan “títulos profesionales” pueden pedir prestado hasta $50,000 por año y $200,000 en total. El Congreso definió ampliamente un “título profesional” como aquel que “significa la finalización de los requisitos académicos para comenzar a ejercer una profesión determinada y un nivel de habilidad profesional que supera el normalmente requerido para un título de licenciatura”. El Congreso también proporcionó una lista de diez “[e]jemplos”, como títulos de medicina y derecho, pero especificó que los “títulos profesionales… no se limitan” a esos ejemplos.
La norma propuesta bajo la Ley H.R. 1 tomaría la lista de 10 ejemplos del Congreso, más Psicología Clínica, y la haría exclusiva, lo que significa que solo los estudiantes que cursen esos títulos, y ninguno otro, serían elegibles para pedir prestado las cantidades más altas de préstamos. Según el Fiscal General Brown y la coalición, esto excluiría a los aspirantes a enfermeros practicantes, asistentes médicos, fisioterapeutas y otros profesionales esenciales para los sistemas de salud y las economías estatales. Para las escuelas de enfermería y otros programas que excedan el límite anual de $20,500, los estudiantes se verían obligados a buscar préstamos privados con peores condiciones o a verse excluidos de la educación superior.
El Fiscal General Brown y la coalición argumentan que la norma propuesta viola la ley federal. El Departamento violó la clara intención del Congreso al convertir una lista ilustrativa de títulos en un límite estricto, dejando fuera a enfermeros, asistentes médicos y otros profesionales de la salud esenciales que dependen de estos préstamos para acceder y completar su educación. Cabe destacar que la lista de ejemplos se elaboró originalmente en la década de 1950, mucho antes de que los programas de posgrado en enfermería, asistencia médica y fisioterapia se volvieran comunes. Al congelar esa lista, el Departamento ha ignorado décadas de cambios en las profesiones de la salud y ha excluido a profesionales de la salud que claramente se ajustan a la definición del Congreso.
Maryland y otros estados ya se enfrentan a una escasez de personal sanitario, y esta norma empeoraría las cosas. Impedir que los estudiantes pidan prestado las cantidades necesarias para pagar programas como enfermería, asistencia médica y fisioterapia resultará en una reducción de la oferta de trabajadores sanitarios expertos. Por ejemplo, en la Universidad de Maryland, Baltimore, una Maestría en Ciencias en Enfermería cuesta hasta $74,196 por año para los residentes de Maryland, mientras que un Doctorado en Práctica de Enfermería cuesta hasta $57,425 por año. Estos costos no se pueden reducir fácilmente porque los programas de salud de posgrado requieren equipos costosos y bajas proporciones de profesores por estudiante para garantizar la seguridad de los estudiantes. Limitar a los residentes de Maryland a pedir prestado $20,500 por año para estos programas disuadirá a los estudiantes de convertirse en enfermeros practicantes. La carta insta al Departamento a abandonar su definición estrecha de “título profesional” y a elaborar una más amplia que abarque todo el espectro de títulos previstos por el Congreso.
El Fiscal General Brown y los fiscales generales de Nevada, Colorado y Nueva York lideraron conjuntamente la carta de comentarios. También se unieron los fiscales generales de Arizona, California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, así como los gobernadores de Kansas y Kentucky.
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