La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México pospuso el análisis de la constitucionalidad de la reforma en Aguascalientes que busca reducir el plazo legal para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de 12 a 6 semanas. La decisión, tomada en la primera semana de sesiones de 2026, ha generado incertidumbre jurídica y médica, especialmente para las mujeres de Aguascalientes, quienes desde agosto de 2024 enfrentan restricciones en su derecho a decidir.
Organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir México expresaron su preocupación por esta “postergación”, señalando que la Corte no responde a una demanda ya discutida y lista para ser resuelta. Aidé García Hernández, directora de la organización, lamentó la falta de avance en el proceso de discusión.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida en 2024 por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra aspectos del Código Penal de Aguascalientes y una ley estatal relacionada con la protección de la vida desde la concepción. García Hernández consideró delicado el retraso, dado que los ministros de la Corte, elegidos en junio de 2024, son percibidos como de tendencia progresista.
La SCJN, que en 2023 despenalizó el aborto a nivel nacional y obligó a los estados a modificar sus leyes para permitir la IVE hasta la semana 12, tiene la oportunidad de reafirmar su compromiso con los derechos humanos, según García.
Se especula que la decisión de la Corte podría estar influenciada por presiones de la Iglesia católica y figuras políticas del Partido Acción Nacional (PAN), quienes se oponen a la reducción del plazo para la IVE en Aguascalientes. La arquidiócesis mexicana acusó a la Corte de “despreciar” la vida humana al analizar el proyecto de sentencia, acusación a la que el ministro Irving Espinosa respondió aclarando que el objetivo no es permitir el aborto en cualquier momento del embarazo, sino proteger el plazo legal establecido.
García enfatizó que Aguascalientes, gobernada por el PAN, es una entidad conservadora donde la Iglesia católica ha ejercido influencia en temas de justicia y derechos humanos, a pesar de que estas acciones contravienen la laicidad del Estado. Defendió que no existen argumentos éticos, bioéticos, médicos o científicos que justifiquen la restricción del aborto a las 12 semanas, citando como ejemplo a países como Colombia, donde la despenalización alcanza hasta las 24 semanas de gestación.
Actualmente, 24 de los 32 estados mexicanos han despenalizado el aborto antes de la semana 12, en consonancia con la sentencia de la Suprema Corte de hace dos años que declaró inconstitucional la prohibición de la interrupción del embarazo. Aguascalientes y Sinaloa son las excepciones.
