Miércoles 18 de marzo de 2026, con el voto en contra de la Cámara de los Lores a enmiendas que habrían limitado el aborto, marcó un día oscuro en la historia del Reino Unido, un verdadero retroceso hacia la práctica de sacrificar vidas inocentes. Bajo la normativa actual, se permite a las mujeres tomar pastillas abortivas (con receta médica) en casa si están embarazadas de menos de 10 semanas. Durante la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020, el gobierno, entonces liderado por los conservadores y por Boris Johnson, modificó la legislación para permitir el aborto farmacológico en el hogar, previa consulta telefónica o por videoconferencia. Esta modificación, inicialmente concebida como temporal, fue posteriormente ratificada por el mismo gobierno en 2022, permitiendo así a las mujeres tomar las pastillas en casa hasta la novena semana y seis días de gestación.
La situación se agravó aún más en 2025, cuando la diputada laborista Tonia Antoniazzi presentó la cláusula 208, que despenaliza el aborto hasta el momento del parto, como enmienda a la legislación de reforma de la ley de delitos y fuerzas del orden. Esta cláusula fue aprobada, en una rápida votación, por la Cámara de los Comunes en junio, a pesar de que el debate en el pleno duró apenas 46 minutos, debido a la urgencia del gobierno laborista por aprobar toda la legislación sobre delitos.
El pasado 18 de marzo, en las votaciones de la Cámara de los Lores, se rechazó con 185 votos contra 148 la enmienda de la baronesa Monckton (n.º 424), que proponía la derogación de la cláusula 208 del proyecto de ley sobre delitos y fuerzas del orden, que permite el aborto hasta el noveno mes de embarazo. Asimismo, se rechazó con 191 votos contra 119 otra enmienda importante, la de la baronesa Stroud (n.º 425), que buscaba restablecer las consultas presenciales con un médico antes de un aborto domiciliario con pastillas.
Actualmente, el aborto está permitido en el Reino Unido hasta la semana 24; sin embargo, con la entrada en vigor de la cláusula 208, las mujeres no serán perseguidas penalmente si practican el aborto en casa hasta el nacimiento, por cualquier motivo. En el país se realizan actualmente alrededor de 300.000 abortos al año. El límite de tiempo para el aborto en Gran Bretaña ya es el doble de lo más común en los países de la Unión Europea. A pesar de ello, el Parlamento acaba de votar para reducir aún más las protecciones para las mujeres y la protección del no nacido, incluso en las etapas avanzadas del embarazo, hasta el nacimiento del bebé y por cualquier razón. Estamos, sin duda, ante la legalización del infanticidio.
La permanencia de la cláusula 208 en el texto de la ley permite a las mujeres practicar el aborto de forma autónoma por cualquier motivo, incluidos los abortos selectivos por razón de sexo, en cualquier momento: hasta el parto e incluso durante el mismo. Esto representa un peligro absoluto de genocidio infantil que aumentará significativamente el número de mujeres que practican abortos tardíos en el hogar, poniendo en riesgo sus propias vidas. Las encuestas del último año muestran que el 89% de la población general y el 91% de las mujeres coinciden en que el aborto selectivo (por razón de sexo) debería estar explícitamente prohibido por la ley, mientras que solo el 1% de las mujeres está a favor de la introducción del aborto hasta el noveno mes de embarazo. Además, más de la mitad de la opinión pública inglesa coincide en que una mujer debería seguir considerando ilegal la interrupción de un embarazo de un niño sano después del límite legal actual de 24 semanas, hasta el momento del parto. La encuesta de opinión promovida por el Telegraph revela que el 91% de los 28.000 encuestados se ha declarado en contra de la extrema modificación legislativa introducida por la cláusula 208.
Incluso para la enmienda, aunque rechazada, de la baronesa Stroud, existe un amplio consenso en la opinión pública, con dos tercios de las mujeres a favor de restablecer las citas presenciales. Al debate y las votaciones del miércoles participaron también muchos de los obispos anglicanos que forman parte de la Cámara de los Lores, comenzando por el arzobispo de Canterbury, Sarah Mullally, junto con los obispos de Chelmsford, Coventry, Chester, Leicester, Southwell y Nottingham, Portsmouth, Sheffield, Chichester, Hereford y Oxford. Todos apoyaron las enmiendas contra la cláusula 208. Caroline Ansell, directora del departamento de Defensa y Política de CARE, una organización pro vida inglesa, declaró: «Estamos profundamente consternados y entristecidos por el resultado de anoche en la Cámara de los Lores en relación con las enmiendas sobre el aborto. Se perderán vidas pequeñas antes incluso de comenzar. Si la marca distintiva de una sociedad justa es la forma en que tratamos a los más vulnerables, ¿qué dice esto de nosotros?». Tras la votación, Catherine Robinson, portavoz de Right To Life UK, denunció la tragedia de «un cambio legislativo tan enorme y terrible, que pondrá directamente en peligro la vida de los niños no nacidos mucho después del punto en que serían capaces de sobrevivir fuera del útero, así como la vida de sus madres». Por otro lado, Louise McCudden, de la multinacional abortista MSI Reproductive Choices, se felicitó por esta «reforma moderada de la ley del aborto… un momento histórico». En realidad, en Londres se ha producido la peor regresión de la civilización, porque una sociedad civil nunca permite el aborto, y mucho menos lo legaliza hasta el momento del parto.
