El debate sobre el derecho al aborto en España ha sido reactivado por el dictamen aprobado por el pleno del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de reforma constitucional. Este anteproyecto busca incorporar expresamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución, un derecho que, aunque reconocido por la jurisprudencia constitucional, no está explícitamente recogido en la Carta Magna.
Ricardo de Lorenzo y Montero, doctor en Derecho y académico correspondiente de las Reales Academias Nacionales de Jurisprudencia y Legislación y de Medicina de España, ha publicado un artículo en el diario La Razón analizando este tema desde una perspectiva jurídica.
La iniciativa del Gobierno pretende no solo reconocer el derecho al aborto a nivel constitucional, sino también obligar a los poderes públicos a garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad efectiva. Esta reforma busca elevar al rango de texto constitucional un derecho que hasta ahora ha sido regulado por la legislación orgánica y, de manera fundamental, por la doctrina del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, la cuestión del aborto en España no se considera actualmente jurídicamente abierta.
