Un bufete de abogados de Queensland quedó protegido de nuevas acciones legales interpuestas por una ex empleada que alegaba haber sido víctima de acoso sexual.
El Tribunal Supremo de Queensland desestimó una demanda presentada por una antigua empleada de Hartley Healy, quien alegaba haber sido acosada sexualmente por un abogado empleado durante un período de cinco meses entre 2015 y 2016.
Tras una fase de conciliación en abril de 2017, la mujer llegó a un acuerdo extrajudicial que incluía una suma de 30.000 dólares australianos y la condición de que no presentara más reclamaciones contra el bufete en relación con las acusaciones o la finalización de su contrato laboral.
Inicialmente, la mujer presentó una reclamación ante WorkCover, pero la retiró en octubre de 2016 debido al malestar que le estaba causando.
El bufete ha “disputado sustancialmente” las acusaciones de acoso.
Posteriormente, la mujer alegó que Hartley Healy había incumplido su deber de diligencia y había cometido una violación de contrato.
El juez Tom Sullivan fue el encargado de determinar si el acuerdo extrajudicial significaba que la mujer había liberado y eximido al bufete de responsabilidad en el procedimiento, y si le impedía presentar la demanda.
En sus argumentos, la mujer afirmó que las reclamaciones por incumplimiento del deber de diligencia y por incumplimiento de contrato eran reclamaciones por “prestaciones legales en virtud de la Ley de Compensación Laboral y Rehabilitación de 2003” (WCR Act) y, por lo tanto, no estaban liberadas ni eximidas por el acuerdo.
Si bien se reconoció que la ley no podía proporcionar una causa de acción o un derecho a daños y perjuicios, la mujer argumentó que “del reclamo estatutario se desprende que un trabajador solo puede reclamar esos daños y perjuicios de acuerdo con el propio esquema legal”.
Añadió que, dado que la ley controlaba los elementos de las causas de acción y la reparación disponible para ella, “por lo tanto, confería el derecho a reclamar daños y perjuicios para reforzar que las reclamaciones de la demandante en el procedimiento actual eran aquellas que existían en virtud de la WCR Act y, por lo tanto, estaban ‘bajo’ esa ley”.
El juez Sullivan no estuvo de acuerdo, determinando que todas las causas de acción dentro del procedimiento actual fueron liberadas y eximidas en virtud del acuerdo.
“La cláusula de liberación y exención en sí misma formó parte del precio que se pagó por los beneficios que se negociaron con el demandado. Esos beneficios incluyeron el pago de 30.000 dólares australianos.
“Si ese acuerdo se ha considerado posteriormente como un mal negocio, ese cambio de opinión no proporciona una base para que el tribunal reescriba los términos claros del contrato de una manera que no esté abierta en el texto de la cláusula pertinente”, declaró el juez Sullivan.
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El acoso se define como un comportamiento o actos persistentes que intimidan, amenazan o afectan negativamente a otros empleados en el trabajo. Debido a las leyes antidiscriminación y la Ley de Trabajo Justo de 2009, el acoso en Australia está prohibido por motivos de características protegidas.
