La administración Trump prevé iniciar en dos semanas las excavaciones para construir el llamado Gran Arco Triunfal en Washington D. C. El proyecto avanza en medio de demandas judiciales, cuestionamientos sobre su legalidad sin autorización del Congreso y revisiones pendientes de la Comisión de Planificación y la FAA.
El plan para levantar un enorme arco conmemorativo en la capital estadounidense avanza rápidamente a pesar de la firme oposición local y de los obstáculos legales pendientes. Según anunció en una plataforma de redes sociales el secretario del Interior, Doug Burgum, las obras preliminares de excavación comenzarán en el transcurso de las próximas dos semanas.
Las objeciones legales y la falta de autorizaciones federales
El avance del proyecto se produce mientras persiste una demanda judicial destinada a detener las obras y diversos sectores cuestionan la legalidad de la iniciativa. El representante demócrata Don Beyer, quien representa a un distrito en el norte de Virginia que incluye el Cementerio Nacional de Arlington, señaló que la estructura se ubicará justo cruzando el río Potomac frente a esos históricos terrenos.
Don Beyer, representante demócrata por Virginia, vía KVOA, indicó que el proyecto no está ni cerca de estar listo para su puesta en marcha y señaló que los planes para comenzar la excavación son claramente ilegales sin la autorización del Congreso.
Por su parte, Nicolas Sansone, abogado de la organización sin fines de lucro Public Citizen que representa a los demandantes, expresó su desconcierto ante las medidas de la administración. El equipo legal de la organización interpuso acciones en nombre de veteranos que advierten que el monumento alteraría de forma permanente la vista panorámica desde el Monumento a Lincoln hacia la Arlington House y el cementerio.
La justificación del gobierno y el precedente del Salón del Este
Ante los cuestionamientos sobre la falta de luz verde legislativa, la administración sostiene que no requiere la aprobación formal del Congreso. Para respaldar esta postura, el Ejecutivo ha citado un plan autorizado por el legislativo en el año 1925 que contemplaba la instalación de columnas cerca de la ubicación propuesta, aunque tales estructuras jamás llegaron a construirse.
El Departamento de Justicia solicitó recientemente que la demanda contra el arco sea rechazada por los tribunales. En un escrito presentado ante la justicia, los abogados del gobierno se ampararon en un fallo reciente de la Corte Suprema relacionado con otra de las edificaciones del presidente, el Salón del Este de la Casa Blanca. En aquella ocasión, los jueces de la mayoría conservadora resolvieron por cinco votos contra cuatro que los tribunales no podían frenar la construcción de dicho salón dado que los demandantes no lograron demostrar un perjuicio individual que justificara la intervención judicial.
Comisiones de planificación y evaluaciones sobre el tráfico aéreo
En el ámbito administrativo, el proyecto tampoco cuenta con todas las autorizaciones definitivas. La Comisión de Planificación de la Capital Nacional, uno de los organismos federales encargados de supervisar los cambios en propiedades gubernamentales dentro de Washington, ha concedido únicamente un visto bueno preliminar. El calendario del organismo prevé que la votación para una aprobación final no ocurra antes del próximo 1 de octubre.
Adicionalmente, el monumento está sujeto a una revisión rigurosa por parte de la Administración Federal de Aviación debido a su proximidad a las pistas de aterrizaje. El arco se levantaría a menos de dos millas de una de las pistas del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, una de las terminales aéreas con mayor tráfico en el país.
Un estudio preliminar elaborado por la propia FAA determinó que la estructura no representaría un peligro directo para la navegación aérea, aunque recomendó que se le instalen luces rojas de obstrucción. Las normativas federales obligan a someter a escrutinio cualquier construcción que supere los doscientos pies de altura en zonas de espacio aéreo sensible.
Críticas de asociaciones conservacionistas y residentes locales
Organizaciones de defensa del patrimonio histórico han manifestado su rechazo ante la velocidad con la que se impulsa la obra. Ed Stierli, representante de la National Parks Conservation Association, calificó el inicio inminente de los trabajos como un acto flagrante que elude los trámites regulatorios indispensables.
Asimismo, los críticos recuerdan que todavía debe concluirse la evaluación de impacto cultural e histórico exigida por la Ley de Preservación Histórica Nacional, conocida formalmente como la revisión bajo la Sección 106. Mientras tanto, las partes involucradas en el litigio aguardan los próximos movimientos de la justicia federal mientras el gobierno central mantiene su calendario de excavación para los próximos días.
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