En Florida, la clasificación de «adultos vulnerables» por parte del Departamento de Niños y Familias (DCF) puede desencadenar la pérdida de la autonomía, el hogar y la dignidad de las personas mayores.
Las decisiones que privan a los ancianos de su libertad son tomadas frecuentemente por trabajadores sociales de los Servicios de Protección para Adultos del DCF. Estas acciones suelen ejecutarse sin la supervisión de un tribunal y fuera del escrutinio público.
Además de la pérdida de libertad, los afectados pueden perder el control de sus propios recursos financieros. El estado utiliza entonces esos fondos para cubrir los costos de abogados y tutores profesionales asignados para su protección, independientemente de si la persona realmente requiere dicha asistencia.
Un caso representativo es el de Hochheiser, quien logró recuperar el control de su vida luego de que un juez rechazara la petición de tutela iniciada por el DCF. Tras este fallo judicial, Hochheiser pudo trasladarse a un centro de vida asistida en el norte de Dade.
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