La creciente saturación de los albergues de animales en Gran Canaria ha impulsado a las autoridades a buscar soluciones inmediatas para el cuidado de perros abandonados o extraviados. Esta situación, agravada por la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales de 2023, que prohíbe el sacrificio y el hacinamiento, ha llevado a la empresa pública Gesplan a licitar un servicio de residencia canina temporal.
Según Alejandro Suárez, director de Bienestar Animal de Gesplan, esta medida busca proporcionar una atención adecuada a los canes, evitando el estrés y garantizando su bienestar veterinario mientras se desarrollan infraestructuras más permanentes para hacer frente a la creciente demanda de plazas. Actualmente, Gesplan gestiona servicios en San Mateo, Santa Brígida, Telde y en el albergue insular, y prevé extender su colaboración a otros ayuntamientos.
Suárez explica que el problema principal no radica en la falta de adopciones, sino en el desequilibrio entre el número de animales que entran y salen de los centros, especialmente en las zonas más pobladas. Muchos perros llegan tras ser abandonados o perderse, sin posibilidad de regresar a sus hogares o encontrar una nueva familia rápidamente.
Los animales considerados potencialmente peligrosos y los de mayor edad son los que más tiempo permanecen en las instalaciones, lo que dificulta la rotación de plazas y aumenta los costes de mantenimiento y atención especializada. Para paliar esta situación de forma provisional, Gesplan ha convocado un concurso público para la contratación de una residencia canina temporal, con un presupuesto de 283.250 euros.
El pliego de condiciones exige estrictas normas de alojamiento, alimentación, atención veterinaria y bienestar animal a la empresa adjudicataria, incluyendo instalaciones adecuadas, personal cualificado y disponibilidad permanente, así como el cumplimiento de la normativa estatal y europea en materia de protección animal. Se priorizará la calidad de vida de los animales, con espacios suficientes para evitar la masificación y controles sanitarios y alimentarios rigurosos, incluso si esto implica un mayor coste por animal. Además, la administración supervisará el servicio para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bienestar animal.
