Una investigación independiente reveló fallas significativas en la gestión de contratos de Alberta Health Services (AHS), incluyendo un renegociado contractual para la adquisición de medicamentos pediátricos que incrementó el costo en 7 millones de dólares, sin justificación contable clara.
El informe, un complemento a las conclusiones iniciales publicadas en octubre, fue elaborado por el ex juez de Manitoba, Raymond Wyant, y divulgado el viernes. Detalla que AHS firmó en julio de 2023 un nuevo contrato por cinco años y 56 millones de dólares con el proveedor médico MHCare. Este acuerdo se concretó después de que la provincia no pudo obtener la aprobación de Health Canada para importar las cinco millones de unidades de medicamentos pediátricos inicialmente acordadas con el proveedor turco Atabay Pharmaceuticals en 2022.
El contrato renegociado tenía como objetivo la adquisición de productos alternativos de Atabay, previamente aprobados por Health Canada.
Wyant encomendó a la firma de contabilidad forense RSM la tarea de investigar los contratos. La investigación se produjo en un contexto de escasez de analgésicos pediátricos en Canadá, tras el anuncio en diciembre de 2022 de la Premier Danielle Smith sobre la intención de la provincia de adquirir medicamentos a granel desde Turquía.
“Basado en la documentación revisada, RSM no pudo encontrar respaldo para el valor contractual de 56 millones de dólares entre AHS y MHCare”, escribió Wyant en el informe.
El informe de RSM también indica que AHS ha desembolsado 42 millones de dólares de fondos públicos a MHCare por productos que aún no han sido entregados, a fecha de 31 de octubre de 2025.
La investigación inicial de Wyant reveló que en 2022, el entonces ministro de Salud de Alberta, Jason Copping, ordenó a AHS la compra de medicamentos pediátricos antes de obtener la aprobación de Health Canada. Wyant determinó que la provincia ordenó aproximadamente diez veces más medicamentos de los que los funcionarios consideraban necesarios.
Cuando la aprobación para importar más de 1.5 millones de unidades de medicamentos no se materializó, Jitendra Prasad, empleado de AHS, recomendó la adquisición de soluciones de acetaminofén intravenoso para utilizar los fondos comprometidos.
Wyant también identificó un conflicto de intereses en Prasad, quien mantenía vínculos y una dirección de correo electrónico con MHCare mientras gestionaba la adquisición de los medicamentos.
El informe complementario de RSM indica que Alberta inicialmente recibió medicamentos por un valor aproximado de 20 millones de dólares, equivalentes a 1,473,619 unidades de acetaminofén y ibuprofeno pediátricos, con fechas de caducidad entre enero y abril de 2026.
En una nota adjunta al informe, Wyant señala que AHS desechó cerca de 807,000 unidades, o el 55% del medicamento, en la planta de residuos peligrosos de Swan Hills, mientras que el 44% de las unidades fueron donadas a Health Partners International Canada para su uso en el extranjero.
Aproximadamente el 1% de las unidades recibidas por AHS fueron distribuidas a hospitales y farmacias.
El gobierno de Alberta, a través de Yonathan Sumamo, asistente adjunto del ministro de comunicaciones y participación pública, declaró que el informe complementario reafirma las conclusiones del informe anterior, “y confirma serias fallas en la gestión de adquisiciones y contratos dentro de AHS, al tiempo que no encuentra evidencia de irregularidades por parte de funcionarios electos, personal político o la Administración Pública de Alberta”.
Rakhi Pancholi, líder adjunta de la oposición NDP, emitió una declaración sugiriendo que el informe plantea más interrogantes. “Los habitantes de Alberta solo conocerán la verdad sobre las conexiones e implicación del gobierno de UCP en este desastre a través de una investigación pública”, afirmó. “Es hora de convocarla ahora”.
Sumamo añadió que el gobierno ha aceptado todas las recomendaciones del juez Wyant y las está implementando activamente para fortalecer la supervisión, la rendición de cuentas y la transparencia en las adquisiciones.
“El gobierno espera que todas las agencias y corporaciones de salud provinciales utilicen las herramientas contractuales y legales disponibles para garantizar que los productos y servicios se entreguen según lo ordenado y, cuando sea necesario, para buscar recursos o reembolsos”.
Contratos bajo escrutinio en varias investigaciones
Las prácticas contractuales de AHS son objeto de una demanda por despido injustificado presentada por la ex directora ejecutiva de AHS, Athana Mentzelopoulos.
En su demanda de 2025, Mentzelopoulos alega que fue despedida por cuestionar contratos públicos multimillonarios para la adquisición de medicamentos pediátricos y la prestación de cirugías en clínicas privadas.
Las acusaciones aún no han sido probadas en los tribunales. El gobierno y AHS han declarado en sus defensas que Mentzelopoulos no estaba cumpliendo con sus responsabilidades y han negado las acusaciones.
AHS también pagó cientos de millones de dólares a empresas controladas por Sam Mraiche, director ejecutivo de MHCare, por equipos de protección personal durante la pandemia de COVID-19.
El auditor general de Alberta, la RCMP y Wyant, contratado por el gobierno de Alberta, iniciaron investigaciones el año pasado.
A principios de esta semana, vehículos y agentes de la RCMP estuvieron presentes en las oficinas de MHCare en el noroeste de Edmonton. El jueves, un abogado de MHCare y Mraiche declaró que no han incurrido en ninguna conducta indebida.
El gobierno contrató a Wyant para revisar las prácticas de adquisición y también investigar las acusaciones de Mentzelopoulos sobre interferencia política en la contratación.
El informe inicial de Wyant, publicado en octubre, identificó casos de “conflictos de intereses reales o percibidos” en la adquisición de medicamentos pediátricos y la adjudicación de contratos a instalaciones quirúrgicas privadas. Wyant formuló 18 recomendaciones para mejorar, incluyendo la creación de protección para denunciantes de AHS y la capacitación obligatoria de los empleados sobre conflictos de intereses.
El informe de Wyant no encontró evidencia de irregularidades por parte de Smith, sus ministros o personal político. Sin embargo, Wyant señaló que sus poderes limitados le impidieron hacer declaraciones definitivas.
Los críticos han cuestionado las relaciones entre los miembros del gabinete de Smith y Mraiche y sus socios comerciales, después de que los legisladores aceptaran entradas para los playoffs de la NHL en 2024.
