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El gobierno provincial de Alberta ha detallado su plan para oponerse al programa de recompra de armas de fuego impulsado por Ottawa, calificando la iniciativa federal como un ataque inconstitucional a los derechos de los habitantes de Alberta.
Los detalles de la política, revelados en un documento oficial el martes, afirman que la propiedad de armas de fuego recae exclusivamente bajo la jurisdicción provincial.
La moción establece que la Carta de Derechos de Alberta garantiza el derecho a adquirir, poseer y utilizar armas de fuego, así como el derecho a no tener propiedades confiscadas sin una “justa compensación”. La moción promete “utilizar todos los medios legales necesarios” para resistir activamente la iniciativa federal.
Esta moción representa la declaración formal de Alberta contra la prohibición federal de cientos de armas de fuego de estilo asalto, que incluye un programa de recompra voluntario conocido como el Programa de Compensación por Armas de Fuego de Estilo Asalto.
La moción se presenta en el marco de la Ley de Soberanía de Alberta Dentro de una Canadá Unida de Smith, diseñada para permitir a Alberta eludir las leyes federales.
El ministro de Justicia, Mickey Amery, presentará la moción más tarde el martes por la tarde.
«Convertir armas de fuego que antes eran legales en prohibidas no hace nada para mejorar la seguridad de nuestras calles», declaró en una conferencia de prensa el martes por la tarde.
«Simplemente castiga a aquellos que han actuado de buena fe y han demostrado que saben cómo cumplir con las leyes provinciales y federales».
Según la propuesta legislativa, Alberta tomará todas las medidas razonables para garantizar que ni el gobierno ni ninguna “entidad provincial” participen en la implementación o el cumplimiento de la política federal, tal como lo anunció la premier de Alberta, Danielle Smith, a sus seguidores en la convención anual del Partido Conservador Unido el fin de semana.
Smith afirmó que los habitantes de Alberta no deberían ser procesados por defender sus hogares y familias, y que la ley debería centrarse en perseguir a lo que ella llama «criminales de poca monta».
Esta opinión fue fuertemente respaldada por Amery en la conferencia de prensa, aunque la redacción de su moción no aborda directamente la defensa de la propiedad.
«Con esta moción, estamos diciendo inequívocamente que nuestra simpatía estará con los habitantes de Alberta que cumplen la ley», declaró a los periodistas.
«El hogar de uno es su castillo. Es sagrado… y en el peor de los casos, los habitantes de Alberta deben tener la confianza de que no serán encarcelados por defenderse a sí mismos y a sus seres queridos».
Amery señaló que el programa federal de recompra de armas de fuego no contribuye a mejorar la seguridad pública.
¿Cómo funcionaría?
Según el documento oficial presentado el martes, las medidas propuestas por Alberta para oponerse al programa federal de armas de fuego incluyen negarse a proporcionar cualquier recurso al gobierno federal con fines de aplicación o enjuiciamiento.
Amery también dijo que su ministerio proporcionará orientación a los fiscales de la Corona sobre el enjuiciamiento de propietarios que se defienden a sí mismos y a sus propiedades.
Aseguró que las directrices dejarán claro que no existe “interés público” en procesar a esas personas.
Si la moción es aprobada por la legislatura, se dirigirá al Fiscal General para que revise periódicamente las directivas emitidas al Servicio de Enjuiciamiento de la Corona de Alberta en relación con el enjuiciamiento de delitos relacionados con la posesión de armas de fuego “y el derecho de todos los habitantes de Alberta a utilizar la fuerza razonable para defenderse en su propio hogar”.
Bajo el plan propuesto, Alberta también instruirá a Mike Ellis, el ministro de Seguridad Pública y Servicios de Emergencia, para que tome las medidas necesarias para evitar que cualquier fuerza policial o la RCMP contratada asista o participe en el programa federal.
El gobierno federal ha prohibido más de 2.500 modelos de armas de fuego de estilo asalto desde mayo de 2020. Desarrolló un programa de recompra voluntario para compensar a las empresas y a los particulares que poseen dichas armas.
Sin embargo, existe un período de amnistía sobre la prohibición de armas. Si las personas y las empresas no se deshacen o desactivan esas armas antes del 30 de octubre de 2026, corren el riesgo de ser acusadas de posesión ilegal de un arma de fuego prohibida.
