Un tribunal de la Junta de Arrendamientos Residenciales (RTB) ha ordenado a una pareja pagar más de 3.400 euros después de que intentaran rescindir su contrato de alquiler alegando dificultades financieras debido al aumento de los costos de cuidado infantil y el tamaño inadecuado de la vivienda, pero sin proporcionar el aviso formal requerido.
Patrick McHugh declaró ante el tribunal que él y su pareja, Genevieve Gleeson, alquilaban la propiedad en Lucan, Condado de Dublín, desde 2022. Durante casi tres años, abonaron un total de 58.000 euros en concepto de alquiler a su arrendador, Feargal Condron.
McHugh explicó que, tras el nacimiento de su hijo, les resultó “imposible” hacer frente al alquiler mensual de 1.900 euros, sumado a los nuevos gastos de cuidado infantil. Además, señaló que la vivienda se había quedado pequeña para sus necesidades y solicitó una reducción del alquiler, la cual fue denegada.
La pareja informó a un agente de administración por mensaje de texto en diciembre de 2024 de su intención de desocupar la propiedad a finales de febrero. Tras no recibir respuesta, volvieron a contactar al agente en enero, sin obtener ninguna contestación.
Sin embargo, Condron argumentó ante el tribunal que la pareja no había presentado una notificación formal de su intención de rescindir el contrato, y que el agente al que McHugh envió los mensajes había dejado la agencia de administración un año antes.
Durante el interrogatorio, McHugh admitió desconocer la partida del agente original, aunque sí sabía que había otro agente trabajando en la oficina.
Condron también informó al tribunal que la pareja adeudaba 1.900 euros de alquiler correspondientes al mes de febrero, cantidad que retuvo del depósito de seguridad entregado por los inquilinos. Además, reclamó una indemnización adicional de 3.423 euros por el período de preaviso de 56 días, lo que McHugh calificó de “excesivo e injusto”.
McHugh esperaba que el depósito de seguridad cubriera el alquiler de febrero y reconoció que no habían notificado la rescisión del contrato en el formato adecuado, aunque expresó su decepción por el desarrollo de la situación. Aclaró que había estado comunicándose por mensaje de texto y creía que todo estaba “en orden”, y que tras dejar la propiedad a finales de febrero, habían entregado las llaves en la oficina del agente.
El tribunal determinó que la pareja estaba obligada a dar un preaviso de 56 días, dado que su contrato de arrendamiento tenía una duración de entre dos y cuatro años. Al no haber cumplido con este requisito, el tribunal consideró que debían pagar 3.435,85 euros adicionales en concepto de alquiler por el período de preaviso.
El tribunal enfatizó que las “circunstancias personales” de McHugh y Gleeson “no pueden ser consideradas en la toma de decisión” y ordenó el pago de la suma en seis cuotas mensuales de 572,63 euros. Asimismo, confirmó el derecho de Condron a retener el depósito de seguridad de 1.900 euros debido al impago del alquiler de un mes.
