A cinco meses de su nombramiento, Andrea Bosi, Administrador Único de aMo, ha anunciado la obtención de un título ejecutivo para recuperar el 88% de los recursos públicos sustraídos a la compañía. Paralelamente, se ha iniciado un procedimiento penal a instancia de la Agencia, en el que aMo figura como parte perjudicada.
El Tribunal, en sede civil, ha confirmado la validez de la reconstrucción de los hechos realizada por la Agencia en relación con el destino de la mayor parte de los fondos desaparecidos, estableciendo que la ex empleada responsable deberá restituir las sumas transferidas a su cuenta bancaria. Según Bosi, este resultado es especialmente relevante por la rapidez con la que se ha logrado, demostrando la eficacia de la justicia cuando se activa y apoya adecuadamente.
El pasado 27 de noviembre, durante la audiencia, la ex empleada no compareció. aMo, representada por su Administrador Único, junto con los abogados Federica Nicolini y Sandro Mainardi, solicitó la ejecución provisional del decreto de embargo emitido el 14 de agosto contra la ex empleada, acusada de apropiarse indebidamente de casi el 90% de los fondos faltantes mediante transferencias a su cuenta corriente. El juez ha concedido la ejecución provisional del decreto de embargo por un total de 448.157 euros.
«Hemos alcanzado una parte importante de nuestro objetivo», continuó Bosi. “En cuanto a las sumas restantes, cuya reconstrucción es más compleja, y que tengo la intención de recuperar con la misma determinación, estamos manteniendo conversaciones con los antiguos administradores de aMo, en línea con el mandato acordado con los socios, sobre las posibles acciones que podrían emprenderse contra ellos”.
Este logro se suma a las numerosas medidas implementadas por aMo en los últimos meses para fortalecer y reorganizar la empresa, con el fin de evitar que se repitan incidentes similares. Entre las últimas acciones, se destaca la próxima adopción del modelo 231, la contratación de personal administrativo y la próxima publicación de la convocatoria para el Comité de Legalidad, Transparencia y Eficiencia Administrativa.
